Fuentes jurídicas han precisado que Garzón le ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado y la prohibición de salir del territorio nacional, con lo que el magistrado ha modificado así la situación de prisión provisional de Muñoz al estimar que ya no existe riesgo de fuga.
En el auto que ordenó su ingreso en prisión el pasado 30 de octubre, el juez atribuía a Muñoz –a quien acusaba de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude de subvenciones, fraude y falsedad en documento fiscal– la emisión de facturas falsas por un importe de 1.300.000 euros para desviar los fondos de cohesión recibidos por el Ayuntamiento de Santa Coloma de la Unión Europea.
Así, del total de 20 imputados en la causa sólo permanece en la cárcel el ex diputado del PSC Luis García, después de que la Audiencia Nacional rechazara el pasado 14 de diciembre el recurso interpuesto por el presunto cerebro de la trama contra su prisión, al entender este tribunal que existía un “elevado riesgo” de destrucción de pruebas.
Garzón decretó libertad bajo fianza de un millón de euros a los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el pasado 7 de diciembre.
Previamente, el día 2, el magistrado ya había acordado la puesta en libertad, bajo fianza de 200.000 euros, del ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco.
Otras cuatro personas imputadas en la primera fase de la operación, los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela, habían quedado en libertad bajo fianza tras comparecer ante Garzón.
En la segunda fase de la operación, iniciada el pasado 3 de diciembre, Garzón imputó a otras once personas, entre ellas la madre de Muñoz, Josefina Calvet –a la que el juez acusa de haber recibido junto con su hijo un millón de euros–, que no compareció porque padece alzheimer y, según varios informes médicos presentados al magistrado, no puede prestar declaración, por lo que el magistrado designará a un forense para que la examine.
Junto con Calvet, Garzón imputó a las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente, acusadas de un delito de blanqueo de capitales y para quienes la Fiscalía Anticorrupción no solicitó ninguna medida cautelar después de que declararan ante el juez.
Entre el resto de los imputados, todos ellos en libertad, están el ex gerente del Instituto Catalán del Suelo Emili Mas Margarit, el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros (PP), el ex edil socialista de esta localidad Antoni Jiménez, y el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó.
También figuran el administrador de Niesma Corporació, Manuel Valera, el arquitecto municipal de Santa Coloma, Lluis Falcón, y el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz i Sabido.
Por último, Philip McMahan Bolich, que tiene su residencia en Andorra y por ello Garzón ha cursado una comisión rogatoria para interrogarle.
