La Fiscalía Anticorrupción ha pedido imputar a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y al exconsejero de Sanidad Juan José Güemes por reducir de forma ilegal 135 camas del hospital Puerta de Hierro de Madrid, lo que causó un daño de 10 millones de euros al erario público.
Fuentes fiscales han confirmado a Efe la presentación de este escrito, adelantada por "ABC", ante la titular del juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que investiga esa supresión de camas a raíz de una querella de la propia Fiscalía Anticorrupción presentada a finales de 2020.
La Fiscalía se querelló contra la directora de Planificación y Equipamientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011, Elena de Mingo, por presuntas irregularidades en la construcción y explotación del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
En ese momento, era consejero de Sanidad Juan José Güemes y presidenta regional Esperanza Aguirre, a quienes la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada quiere investigar ahora.
Según la querella de Anticorrupción, hay indicios de que "prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto" el contrato de concesión de obra para construir dicho hospital.
Debido a esa gestión "la administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados", produciéndose un menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad de más de 10 millones.
La obra pública fue adjudicada por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005 a la agrupación de empresas formada por Dragados S.A., Bovis Lend Lease S.A. y SUFI, que constituyeron la sociedad Hospital Majadahonda S.A.
El contrato se modificó en 2008 y las 135 habitaciones del citado hospital pasaron de ser dobles a individuales.
Para justificar este cambio se invocó una resolución de 5 de mayo de 2008 dictada a requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid que no existió, asegura la Fiscalía, que subraya "la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo".
Pero, además, "se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos".
