Las empresas tienen hasta final de marzo para adaptar contratos a la reforma

Las empresas tendrán hasta final de marzo de 2022 para adaptar contratos al nuevo marco establecido por la reforma laboral tras la publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto ley que recoge los cambios pactados con patronal y sindicatos.

El real decreto ley de "medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo" se ha publicado finalmente este jueves 30 de diciembre para su entrada en vigor mañana 31 de diciembre con una serie de excepciones a las que se dan tres meses más de plazo, hasta el 31 de marzo, según señalan fuentes del Ministerio de Trabajo.

Se trata de las nuevas modalidades de contratos de formación, así como los de cambios para contratos temporales y fijos discontinuos en una reforma que presupone como ordinario el indefinido, reduce las causas en las que se puede acudir a los temporales así como su duración.

Así, el contrato temporal por circunstancias de la producción para situaciones imprevisibles o por desajuste temporal de empleo no podrá durar más de seis meses, ampliables hasta otros seis meses.

Para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada podrá utilizarse durante un total de 90 días, nunca de manera continuada.

Los contratos de sustitución permitirán cubrir la suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo, la jornada reducida por causa legal o convencional y las vacantes durante un proceso de selección sin exceder de tres meses.

En los contratos por obra y servicio, una modalidad que acabará desapareciendo, los actuales podrán seguir vigentes un máximo de seis meses.

Junto a los cambios en la contratación, la reforma supone modificar algunos aspectos de la reforma laboral realizada por el PP en 2012, al recuperar la ultraactividad de los convenios y la prioridad del convenio sectorial en materia salarial.

Además, sienta las bases de un nuevo modelo de ERTE que sirva de alternativa al despido ante crisis o reconversiones sectoriales e introduce diversos cambios para atajar la excesiva temporalidad del mercado laboral español.

Con la aprobación de esta norma antes de final de año, el Gobierno ha cumplido con uno de los compromisos adquiridos con Bruselas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Tras meses de intensas negociaciones, la semana pasada, se logró cerrar un acuerdo con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO.

La norma debe pasar ahora por tramitación parlamentaria, un punto en el que Gobierno ha pedido a los grupos "respeto" al pacto social para que la reforma no sufra cambios y se pueda convalidar en los términos pactados.