El Gobierno municipal propondrá al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para "elevar el nivel de protección" de La Palmera mediante la calificación de conjunto urbano singular.
Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, a preguntas del grupo municipal de Vox en el Pleno de este jueves, al que ha aclarado que se está estudiando el recurso presentado por particulares contra la construcción de una nueva residencia de estudiantes en el número 38 de la avenida de La Palmera al entender que el proyecto rompe con la estética y el valor patrimonial de esta arteria de la ciudad.
Hasta que no se cierre ese análisis jurídico y urbanístico, "no me voy a precipitar", ha afirmado Muñoz, que también ha optado por ser "prudente" sobre los costes económicos que podría tener para el Ayuntamiento una revocación de la licencia otorgada.
El alcalde ha ratificado las declaraciones y el planteamiento hecho por el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores (PSOE), el pasado 21 de enero en la Comisión de Control y Fiscalización.
El delegado reconoció en el seno de este órgano que se están "evaluando las posibilidades para revocar" la licencia, concedida el mismo día --17 de junio-- que el Pleno municipal aprobó por unanimidad iniciar una modificación puntual del PGOU para revisar las condiciones ventajosas en edificabilidad con el que cuentan equipamientos privados como residencias universitarias, residencias de mayores o clínicas sanitarias privadas en parcelas ubicadas en áreas de baja densidad edificatoria, como es el caso de La Palmera.
Este proceso lleva aparejada una moratoria o suspensión de la citada edificabilidad extraordinaria durante un año, lo que no implica que no puedan construirse edificios de este tipo sino que no contarán con ese incentivo introducido en el PGOU aprobado en 2006.
Con este contexto, el delegado de Hábitat Urbano remarcó que la "voluntad política" del Gobierno local de modificar el PGOU es clara, pero que "las decisiones se toman con criterios técnicos nos gusten más o menos", aludiendo a que la licencia concedida fue consecuencia de una tramitación administrativa "ordinaria" anterior a lo aprobado por el Pleno. "Tomaremos la decisión según los informes jurídicos y técnicos" que están en marcha, ha sentenciado.
El alcalde ha ratificado este planteamiento y ha rechazado que la licencia fuera concedida en tan solo tres días, como así ha sostenido la portavoz de Vox, Cristina Peláez, que ha calificado de "extraño" el plazo, alegando, además, que el gobierno municipal tenía "especial interés en aprobar la licencia antes del Pleno" en el que se aprobó suspender el plus de edificabilidad.
