Andalucía se encuentra entre las regiones de España con mayor porcentaje de residuos en vertedero y el Estado ya ha puesto pie en pared. El pasado 9 de abril publicó en el BOE la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular que trata de invertir el modelo actual, basado en producir, usar y tirar bienes de consumo, en otro en el que se reduzca el consumo de materias primas, alargue la vida de los bienes y se reciclen los residuos que produzcamos. La normativa establece unos objetivos para el año 2035, con unos hitos intermedios en los años 2025 y 2030, en los que se prima la reutilización y el reciclado, desincentivando la eliminación, con el establecimiento incluso de un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos.
Ese impuesto entrará en vigor a los tres meses de publicarse la ley, y todo apunta a que será de aplicación a principios de 2023, “por lo que los ayuntamientos deberán incorporarlo en los presupuestos del año próximo”.
Este nuevo gravamen, de 40 euros por tonelada métrica de residuos depositados en vertederos, obligará a pagar al Ayuntamiento de Jerez unos siete millones, atendiendo a las 108.498 toneladas de residuos producto del rechazo de la planta de tratamiento y las 94.113 de vertido directo. Y a esto se añade la posibilidad real de que los ayuntamientos puedan recibir sanciones si no se alcanzan los objetivos que marca la ley.
El teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, coincide en que es preciso actuar, pero lamenta “la imposición de un impuesto revolucionario” y la falta de apoyo por parte de la Junta de Andalucía para afrontar el incremento de la factura para la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras, o biorresiduos, bien mediante el sistema puerta a puerta o por el quinto contenedor con control de usuario.
Si bien es cierto que la Administración autonómica ha abierto una línea de subvenciones para la adquisición de dichos contenedores y recursos materiales específicos, y a la que el Ayuntamiento de Jerez opta con una petición de casi un millón de euros y otra de 1,8 millones más para la modernización de maquinaria, lamenta que no se haya resuelto todavía. Además, considera insuficiente el respado del Ejecutivo andaluz. “Jerez tiene 4.500 contenedores y, las ayudas, nos cubrirían solo 1.500”, advierte. Además, “habrá que duplicar las nueve rutas de recogida actuales”, añade Díaz. En cualquier caso, el Ayuntamiento no prevé repercutir la subida de los costes en el recibo de los ciudadanos. “En Jerez no se suben impuestos desde 2015 y no se van a subir”, afirma de manera categórica.
Por otra parte, a esos 2,8 millones de euros solicitados por el Ayuntamiento, hay que sumar otro millón de euros más solicitado por la planta de Las Calandrias para un proyecto de modernización de sus intalaciones, ya que no tiene sentido que los ciudadanos separen y los ayuntamientos hagan recogida separada si las plantas de tratamiento no se han adaptado al texto.
