Los obispos no se pronunciarán sobre si el Rey debe sancionar la ley

El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, afirmó ayer que la CEE no tiene ningún “juicio” sobre si el Rey debe o no sancionar la ley del aborto y que tampoco va a emitir una opinión al respecto.

Martínez Camino hizo estas afirmaciones durante la rueda de prensa convocada por la CEE para explicar los trabajos que ha venido desarrollando la Comisión Permanente, de cara a preparar el orden del día de la próxima Asamblea Plenaria en el mes de abril.

El portavoz, que fue preguntado por esta cuestión y por las amenazas de excomunión hacia los políticos católicos que habían apoyado con su voto la aprobación de esta ley, entre ellos el socialista y presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, negó que existiesen esas penas de excomunión e indicó que la situación del Rey “es única” y que la posición de la Iglesia “no son principios generales para una situación única”.

El pasado mes de diciembre, y a iniciativa del portal católico en internet “religionenlibertad”, se puso en marcha la plataforma majestadnofirme.com de recogida de firmas para pedirle al Rey que no sancione la ley del aborto.

La plataforma propone un modelo de carta a la que adherirse, en la que se explica al Monarca que “la población española mayoritariamente considera el aborto como una catástrofe y un atentado contra la dignidad de la mujer embarazada y no, según pretende esta ley, como un derecho”.

También se negó a responder a la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre un político que vota por disciplina de partido la aprobación de una ley, y que por hacerlo se sitúa fuera de la comunión de la Iglesia –según el propio Camino–, y la del Monarca que, por mandato constitucional, debe sancionar con su firma las leyes que aprueba el Parlamento?

En la nota de prensa final de la Comisión Permanente, los obispos dicen respecto de la ley que el pasado miércoles quedó definitivamente aprobada por el Senado que “como se afirmaba en la Declaración sobre el Anteproyecto de Ley del aborto: “Atentar contra la vida de los que van a nacer, convertido en derecho”, documento de junio de 2009, la nueva ley supone un “serio retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer”.

Y es, también, “un mayor abandono de las madres gestantes y, en definitiva, un daño muy serio para el bien común”.

Es importante, dice la nota de la Permanente de la CEE, facilitada hoy durante la rueda de prensa, “que ahora se vuelva a leer la Declaración en su totalidad. En ella se recuerda que las mujeres tentadas de abortar o las que ya han pasado por esa tragedia “encontrarán siempre en la comunidad católica el hogar de la misericordia y del consuelo”.

Y agrega que, “como madre, la Iglesia comprende sus dificultades y nunca las dejará solas”.

Para los obispos, la próxima Jornada a favor de la Vida, que se celebrará el 25 de marzo, “es una ocasión para continuar con la hermosa tarea de fortalecer la conciencia de todos acerca del respeto que merece el derecho a la vida de los que van a nacer”.

Ante la reiteración de las preguntas de los informadores sobre si los diputados católicos quedaban o no excomulgados al votar favorablemente el aborto, Camino recalcó que la Iglesia católica española había dejado ya clara la posición al respecto, y que en una rueda de prensa anterior ya se había contestado a esa pregunta.

Un concejal del PSOE dimite tras su aprobación

El concejal del PSOE y segundo teniente de alcalde de Paradas (Sevilla), Joaquín Manuel Montero, envió una carta al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y la secretaria de Organización, Leire Pajín, en la que solicitaba que conste su “baja como militante del PSOE” desde el mismo día en el que se aprobó la nueva Ley del Aborto.

Además, pone a disposición del partido los cargos electos que ocupa en el Ayuntamiento de Paradas.

En la carta remitida al presidente, Montero alega que “jamás” permitirá que su “nombre aparezca junto al de una organización que legitima la muerte de inocentes mediante la aprobación de leyes injustas”.