La secretaria general del grupo parlamentario socialista en las Cortes Generales, Isaura Leal, ha enviado un escrito al Tribunal Constitucional (TC) donde pide al Pleno que rechace la medida cautelarísima solicitada por el PP, la cual busca frenar la tramitación parlamentaria de la reforma sobre el propio TC en el Congreso, al considerar que, de hacerlo, se provocaría "una perturbación en un interés constitucionalmente protegido", como la potestad legislativa.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la diputada socialista pide al TC que la permita personarse en el procedimiento abierto por el recurso de amparo presentado el miércoles por el PP contra las enmiendas --a la proposición de ley para derogar la sedición-- que plantean cambiar la forma en la que se eligen y envían al Constitucional los dos candidatos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe nombrar.
El PSOE alega que "la adopción de una medida cautelarísima respecto a un procedimiento legislativo en curso en el Congreso de los Diputados, se puede afirmar, sin género de duda, que no pueden existir esos perjuicios de difícil reparación, dado que el procedimiento legislativo no ha concluido y la tramitación proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y de los Reglamentos Parlamentarios".
Además, advierte de que "la adopción de la medida cautelar provoca una perturbación en un interés constitucionalmente protegido" porque "afectaría a uno de los fundamentos de nuestra democracia".
"El ejercicio de la potestad legislativa por las Cortes Generales es una de las bases del Estado de Derecho y acordar la suspensión de un procedimiento legislativo que se está desarrollando en este momento en las Cámaras supondría afectar directamente al mismo", sostiene.
En este sentido añade que "la admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto
de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular, por lo que indirectamente se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes".
"Una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde", alerta el PSOE.
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