"La democracia natural, en la España profunda, consiste en linchar al alcalde". Francisco Umbral.
La marmota Phil de Punxsutawney predice cada año el final del invierno cuando al salir de su madriguera y no ver su sombra advierte de la inminente llegada de la primavera, tradición hecha comedida en una magistral cinta protagonizada por Bill Murray donde el día se repite y es, más o menos, la sensación que florece con la entrada de año, atrapados en un ciclo repetido: propósitos de enmienda tipo no comer más basura y dieta a base brócoli hervido y mucho gimnasio, nada de humo, vivir con más intensidad el presente porque, ya se sabe, el futuro es un proyecto, el pasado un recuerdo... Propósitos que duran lo que duran los propósitos, unos días de enero, hasta que el año avanza en su calendario -marmota- y otra vez es carnaval, cuaresma, el incienso se adueñará de las calles para dar aroma a las sombras de los tronos sobre la cal blanca y, en nada, ferias... Pero este 2023 toca parada en mayo, con elecciones municipales, cabildos y diputaciones en juego, junto a elecciones autonómicas en todas las comunidades salvo en Andalucía, Cataluña, País Vasco, Castilla la Mancha y Galicia y las generales a finales del presente. Año electoral en el que el preludio de las elecciones municipales jugarán un papel fundamental.
En España existen cuatro niveles de administraciones públicas territoriales –estado, comunidad autónoma, provincia y municipio-, además de las entidades locales autónomas en los municipios donde las hay. Y cada una tiene asignadas competencias propias. Para todos esto es un lío descomunal que, pese a existir desde la Constitución de 1978, no logramos aclarar quién se dedica a qué. En general ante cualquier problema solemos apuntar al estado o al ayuntamiento, el más elevado y el más cercano. Es un hecho que no tenemos muy claro qué compete a las comunidades autónomas y, mucho menos, a las diputaciones, que vienen a ser los comodines de la baraja porque tienen presupuesto y casi nula presión ciudadana. Esta confusión implica que a la hora de valorar se critique a una administración por asuntos en los que no tiene competencia e, incluso, algunos se apunten éxitos que corresponde a la gestión de otra administración. Por ello a la hora de votar en las distintas elecciones deberíamos tener claro cuál es el marco competencial y las obligaciones de cada una y, así, valorar, lo más objetivamente posible, la gestión del actual y la realidad de las críticas y promesas de la oposición.
En el caso de la elección de alcalde normalmente los ciudadanos tienen más en cuenta la figura de la persona y cómo está la ciudad, es la elección donde menos pesa la sigla del partido o quién lo lidera -no sueles votar a tu alcalde por Sánchez o Feijóo-. Es cierto que el político sabe que la gestión ayuda a ganar elecciones, pero que no hay nada como el pan y circo que ya los romanos usaban para cultivar la simpatía de un pueblo que, en general, valora sobre manera que sus fiestas y cultura brillen y a nadie extraña que atemos nuestro calendario anual de festejo en festejo: de carnaval a semana santa, ferias, verano, fiestas de otoño, o vendimia, o cruces, o... Lo oportuno sería hacer balance de la gestión que en estos cuatro años cada cual ha hecho dentro de sus competencias directas y dentro, cómo no y esto es importante, de sus posibilidades económicas, porque para valorar cualquier gestión hace falta conocer con qué medios económicos se contaba. Lo de pedir por pedir, sin más, es palabrería de charlatán de feria.
Las actividades de los ayuntamientos hasta hace unos años se convirtieron en un cajón de sastre porque la Ley les permitía asumir casi cualquier cosa que fuera para cubrir necesidades de los ciudadanos, además de los servicios que estaban obligados a prestar. Esto supuso que hubo municipios regidos por alcaldes populistas a modo el estado soy yo que desplegaban una máxima intervención municipal en todo tipo de actividades, inversiones, subvenciones..., llevando al ayuntamiento a la ruina económica porque la financiación de los municipios establecida por Ley está pensada para que se cubran los servicios que la Ley les obliga a prestar, no hay recursos para realizar todo tipo de actividades en la ciudad. Si a ello se le une la otra pata de la política populista que es la de no subir los impuestos municipales, es matemáticamente imposible una gestión que aumente servicios sin solución de continuidad y no aumente los ingresos; esto conduce directo al desastre económico. Actualmente la Ley ha puesto límites y los ayuntamientos han de dedicarse a asumir servicios de su competencia, fijando unos servicios esenciales y, por tanto, obligatorios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Además, en los municipios con población superior a 20.000 habitantes también han de asumir: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público, así como en los municipios de más de 50.000 habitantes se suma transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Estos y no otros son los servicios municipales esenciales y obligatorios, para los cuales están pensados los recursos económicos que la Ley fija.
Actividades no obligatorias pueden realizarse por los ayuntamientos pero siempre dentro de sus competencias, aquí se encuadran, entre otras, las de información y promoción de la actividad turística local, mercados, mercadillos, ferias, promoción del deporte, promoción de la cultura y equipamientos culturales, promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. Quiere esto decir que en estos ámbitos pueden llevar a cabo actividades pero al no ser servicios obligatorios la Ley exige que se evalúe la conveniencia de su implantación conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Son ámbitos en los que la comunidad autónoma y el estado también tienen competencias y, por ello, no se obliga a los ayuntamientos a prestar actividad alguna. Con ello, el legislador lo que ha venido a decir es los servicios a los que se tiene que dedicar forzosamente un ayuntamiento y, si le sobra dinero, en qué ámbitos tiene competencias para poder implantar otros servicios y actividades, en este caso, al no ser obligatorios, presididos por los principios económicos. Ocurre que dentro de este bloque se encuentra todo lo que resulta más grato para los gobiernos municipales, lo que es más visual y lo que hace más diferente a un municipio de otro: lo turístico, las ferias, las actividades deportivas y las culturales. Y también es lo que admite más peticiones al alza, porque es fácil solicitar que se realicen más actividades en estos ámbitos y nunca estar satisfechos con lo que el ayuntamiento asume, olvidando oposición y ciudadanos que todo lo que se haga en este bloque no hay obligación a hacerlo. Es el plus en la gestión municipal que quizás sea también lo que valora más el ciudadano, sin olvidar que quiere tener su calle sin baches y limpia, su parque para los niños, buen alumbrado, parada de autobús cerca y, desde luego, la basura recogida todos los días.
La gestión de los gobiernos municipales que ha de dedicarse a mejorar los servicios obligatorios y a llevar a cabo el máximo de servicios no obligatorios dentro de sus competencias va a venir condicionada por la gestión económica y ésta se encontrará lastrada por varios aspectos. El primero, la herencia que haya dejado el anterior gobierno, no es lo mismo poder gobernar con todos los recursos financieros que tener que dedicar parte de ellos a pagar deudas dejadas por anteriores gobiernos. El segundo condicionante será el estado en el que se encontró la ciudad, no es lo mismo gobernar pudiendo dedicar recursos a ampliar servicios y actividades que teniendo primero que mejorar todo lo que se ha encontrado sin funcionar, en lo que no se invirtió o se ha deteriorado. El tercer lastre es el del sistema de financiación, ya que la Ley no tiene en cuenta las particularidades territoriales de los municipios, por ejemplo no es lo mismo gestionar un municipio de 13,3 km², como es Cádiz capital, que otro de 1.188 km² como es Jerez de la Frontera porque, lógicamente, el coste de los servicios municipales es mucho mayor en el segundo. Otro condicionante de la gestión económica es la cultura que haya en el pueblo respecto a recibir actividades municipales gratis o a un mínimo precio y a la no subida de impuestos, unido a la utilización política populista e irresponsable de esa oposición que se sitúa con facilidad en la petición de bajarlos. Con todos estos avíos del puchero la gestión económica de los ayuntamientos es de las tareas más difíciles, presionadas e ingratas que puede tocarle a un gobernante, su éxito será encontrar el equilibrio para que el ayuntamiento pueda seguir prestando servicios, mejorarlos e invertir en la ciudad, pagando a los contratistas y a los empleados, que son los aspectos que realmente los ciudadanos valoran.
Todo esto es lo que hace tan complejo el mundo municipal y tan difícil su gestión. Elementos que hay que tener presente para decidir que siga o no el actual alcalde, si con su gobierno la ciudad, sea cual sea, está mejor que antes de su llegada o no. Sin perder de vista lo que le compete y lo que no y, para ser más justos en el análisis, todo lo que condiciona y dificulta su gestión.
