La capital leridana sienta precedente

La prohibición del uso del ‘burka’ y el ‘niqab’ en los recintos municipales de Lleida es la primera que afecta en España a estos velos integrales islámicos que ocultan totalmente la cara.

El pasado 18 de mayo, la comisión de Cultura, Educación y Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona rechazó la propuesta del grupo popular de prohibir el ‘burka’ en la ciudad, sin un debate profundo previo, aunque todos los grupos municipales se mostraron contrarios al velo integral.

En septiembre de 2009, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez expulsó de la sala a una testigo que se negó a levantarse el ‘burka’ para declarar en una vista, después de explicarle que en los tribunales españoles es obligatorio declarar con el rostro descubierto.

Cinco días después declaró mostrando la cara. El mes pasado, el instituto público Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid) prohibió asistir a clase a Najwa, una alumna que usaba velo, y que finalmente se trasladó a otro centro donde sí se le permite llevar el ‘hiyab’ islámico. En España no existe legislación sobre el uso de los velos islámicos en los espacios públicos y estos últimos hechos han intensificado el debate sobre la conveniencia de aprobarla.

Bélgica y Francia son los dos países europeos que actualmente tramitan leyes para prohibir el uso en espacios públicos del ‘burka’ (que tapa todo el rostro y deja los ojos detrás de una rejilla) y el ‘niqab’ (que tapa todo el rostro excepto los ojos). El debate se ha extendido a otros países, aunque en mayo de este año la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) se opuso a la prohibición general del uso del ‘burka’.

El pasado 29 de abril, los diputados belgas aprobaron una propuesta de ley que prohíbe el uso del ‘burka’ y el ‘niqab’ en todos los lugares públicos, aunque aún está pendiente de su definitiva aprobación, puesto que la crisis política que vive el país ha desembocado en la disolución de las cámaras. El proyecto prohíbe el velo integral en todas las zonas públicas por razones de seguridad y orden público.