La familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz, ha solicitado prisión preventiva para el capitán de la compañía a la que pertenecían los militares fallecidos, el teniente y el sargento investigados por la jurisdicción militar, en base a los artículos 215 y 216 de la Ley Orgánica Procesal Militar.
En el escrito al Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla, el letrado que representa a la viuda del cabo, Antonio Granados, expone que "es el propio Tribunal el que reconoce que estos hechos revisten caracteres de un ilícito penal de delito contra la eficacia del servicio", de modo que, remitiéndose a los artículos 215 y 216 de la citada ley, considera que "es el momento procesal oportuno para que se decrete la prisión preventiva de los presuntos responsables".
Cree que existen "motivos suficientes para ello, debido a la gravedad de los hechos, y para evitar la pérdida o manipulación de pruebas (documentales o testificales) a las que los presuntos autores pudieran tener acceso (mantienen su empleo a día de hoy) y que pudieran ser cruciales para el esclarecimiento de los hechos".
Por su parte, la familia del soldado Carlos León Rico anunció a mediados de enero, a través de su abogado, que una vez declare en sede judicial el capitán responsable del ejercicio, solicitará como medida cautelar su ingreso en prisión provisional, a la vez que manifestó su oposición a que el caso sea instruido por la justicia militar, algo que también rechaza la familia del cabo fallecido, reclamando que sea la jurisdicción ordinaria la que lleve el caso. Mientras, la Fiscalía ha pedido que sea la militar.
Al respecto, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha emitido una providencia en la que expone que "no ha lugar a pronunciamiento" alguno hasta que se determine cuál es el órgano judicial competente para investigar el asunto.
Mientras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió el viernes pasado "dejar que trabajen los jueces y en función de lo que vayan decidiendo, ya se tomarán las decisiones" defenciendo que "la justicia llegará hasta el final".
Además añadió que va a volver a reunirse "con los militares que ese día estuvieron en el lugar de los hechos, para que sin ningún tipo de miedo, ni corta pisa, puedan contar absolutamente la verdad y colaborar con la justicia".
Entretanto, el abogado penalista Luis Romero, que representa a los padres del difunto soldado Carlos León, ha explicado que en los "más de mil folios" de atestados elaborados por la Policía Judicial de la Guardia Civil de este caso pesan testimonios y pruebas que acreditarían una "absoluta falta de medidas de seguridad para evitar estas muertes".
Dicho letrado ha señalado además que está contando con la "ayuda e ilustración" de "militares de muy alta graduación" que aportan perspectivas y documentos a la acusación particular, "para que se haga justicia y no vuelva a ocurrir" una situación como la que se investiga.
