La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha explicado en el Pleno del Parlamento andaluz, celebrado este jueves, que la prestación del servicio de transporte sanitario en Córdoba "está garantizada" y ha asegurado que el Gobierno andaluz estará "vigilante para que la empresa concesionaria cumpla con el pago de las nóminas a los profesionales", toda vez que "la Consejería ha cumplido y cumple con sus pagos correspondientes a la empresa, de acuerdo con lo estipulado".
Así ha contestado la consejera al coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario por Córdoba, José Manuel Gómez Jurado, quien ha expuesto la situación del transporte sanitario en el sur de Córdoba, donde "los trabajadores llevan un año y medio sin percibir con normalidad su salario" y "cinco meses sin cobrar", por lo que ha preguntado a Hernández "qué piensa hacer para solucionar esta problemática concreta", que "también es generalizada" en Andalucía.
Al respecto, Hernández ha subrayado que desde la Consejería "vamos a ser implacables con aquellos que no cumplan con lo establecido y firmado en el marco de la contratación de un servicio", así como "en los incumplimientos de la prestación de un servicio fundamental como es el del transporte sanitario", porque, ha incidido, "de este servicio depende el traslado de pacientes de un centro hospitalario a otro o la recogida y transporte de alguno que pueda padecer una situación crítica".
La titular de Salud y Consumo ha detallado que su departamento ha requerido a la empresa concesionaria para que, "a la mayor brevedad, se regularice el pago de nóminas de los trabajadores afectados, instándole al cumplimiento del contrato en los términos legalmente convenidos", en tanto que "en este Gobierno estamos plenamente comprometidos para que los profesionales de las ambulancias puedan ejercer su trabajo en las mejores condiciones y estas redunden en una mejor atención para la salud de la población andaluza", ha añadido.
Asimismo, según ha puntualizado, la Consejería "se reserva la posibilidad de iniciar los procedimientos administrativos, bien de penalidades o resolución del contrato por incumplimiento del contratista (clausula 17 pliego condiciones)". "Estaremos vigilantes y no permitiremos que esta situación continúe", ha concluido Hernández.
