La familia de una paciente que falleció en un hospital de Granada por una negligencia médica reconocida por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha denunciado al perito de la aseguradora, al que acusan de un delito de falso testimonio agravado para reducir el importe de la indemnización por esa muerte.
La denuncia, presentada ante el juzgado que toque por turno de reparto y a la que ha tenido acceso EFE, acusa a un médico especialista contratado como perito de parte por la asegura del SAS de ratificar un informe con falsedades y mentir durante su declaración judicial.
La denuncia penal, tramitada por el abogado Damián Vázquez, de la asociación El Defensor del Paciente, argumenta que el perito adaptó su declaración con el objetivo de perjudicar a los demandantes y reducir al máximo la indemnización a recibir por una negligencia médica reconocida por el SAS.
El perito testificó en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Granada el pasado 15 de enero y habría aportado, según la denuncia, datos falseados para responder a los intereses de la aseguradora que lo contrató.
La causa se remonta a enero de 2021 cuando murió en el hospital Clínico San Cecilio de Granada una mujer de 81 años, familiar de los ahora denunciantes, por una infección que le provocó acidosis respiratoria y metabólica, hipotensión y fracaso multiorgánico.
Según la familia y el perito que aportaron en su acusación, el denunciado elevó en falto los plazos para obtener resultados diagnósticos relacionados con la infección y elevó a días una prueba que, según al documentación aportada por el SAS, se hace en minutos.
También habría aportado estimaciones inexactas sobre la mortalidad asociada a esta infección, basadas en estudios no validados, y omitió "de forma deliberada" que el SAS había reconocido su responsabilidad en la muerte de la paciente.
El falso testimonio en informes periciales, y su posterior ratificación en sede judicial constituyen un delito de falso testimonio agravado que, además de penas de cárcel, conlleva hasta doce años de inhabilitación laboral.
