La compañía maderera, afincada en Chiclana, está inmersa en un expediente de regulación temporal de empleo, se ha acogido a la Ley concursal para todas las firmas del grupo y plantea la aplicación de una regulación de empleo extintiva para los 300 puestos de trabajo que conforman su personal. El pasado 4 de noviembre el Boletín Oficial del Estado publicaba los edictos del Juzgado de lo Mercantil para que los acreedores de las diferentes firmas de Polanco acrediten las deudas del grupo chiclanero.
En los próximos días se celebrará una reunión entre empresa, trabajadores y Junta de Andalucía. Un encuentro “decisivo”, según han manifestado los representantes de la plantilla, en el que se debe confirmar si Polanco afronta un plan de reorganización que permita la subsistencia de las líneas que pueden ser rentables y que podrían basar su futura recuperación. En esa tesitura están los trabajadores que han recibido el apoyo expreso de Diputación. En esta causa José Loaiza también está en coordinación con el alcalde de Chiclana, Ernesto Marín.
