El expresidente del Gobierno balear Jaume Matas se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en el marco de las pesquisas que indagan las actividades presuntamente irregulares llevadas a cabo a través del Instituto Nóos, y más en concreto en torno a dos convenios que la entidad rubricó con el Ejecutivo autonómico por 2,3 millones de euros, parte de cuyo destino se desconoce.
Matas, que acudía en calidad de imputado, ha llegado a las 9.00 horas a los Juzgados junto con su abogado, Antonio Alberca, una hora antes de la cita acordada.
El también exministro de Medio Ambiente ya fue inquirido al respecto en la primera declaración que prestó ante el magistrado -tras la cual decretó contra él una fianza penal de tres millones de euros-, en la que admitió que recomendó firmar los acuerdos para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte -en 2005 y 2006- y que, de hecho, "lo volvería a hacer", al asegurar que "todo se hizo de forma correcta" y defender la utilidad de los convenios y su tramitación.
Se trata de unos hechos por los que ya a principios de 2006 se interesó el diputado socialista Antoni Diéguez cuando en el Parlamento balear preguntó acerca del destino que dio Nóos al dinero que cobró del Gobierno de Jaume Matas, de lo que años después afloraría un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituto. Una trama encabezada por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, quienes, según los investigadores, se apoderaron de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió la entidad.
En concreto, al primero de los eventos la Administración autonómica destinó 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones. Se da la circunstancia de que el propio Torres aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.
Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.
Es más, un informe policial incluido en el sumario revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Gobierno balear, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos "no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares".
El Duque de Palma llegó a afirmar ante el juez que fue el exdirector general de Deportes del Gobierno autonómico José Luis 'Pepote' Ballester quien le propuso en 2005 la organización de un foro sobre turismo y deporte al considerar que Baleares había quedado "descolgada" de este ámbito, después de que la capital balear no lograse ser sede de la Copa América, evento que acogió Valencia, ni tampoco subsede olímpica.
Así, ante esta expectativa frustrada y tras la iniciativa de 'Pepote', surgió la idea de organizar el Forum Illes Balears, que el marido de la Infanta Cristina transmitió a Matas en una reunión mantenida en el Consolat de Mar -sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico-, tal y como puso de manifiesto ante el magistrado.
PATROCINIO DEL EQUIPO CICLISTA ILLES BALEARS
De forma paralela, los investigadores indagan si el Gobierno balear asumió el 75 por ciento del coste que supuso un acuerdo privado alcanzado entre Nóos y la empresa Abarca S.L., que habría sido creada 'ad hoc' por el exmanager del equipo ciclista Illes Balears, José Miguel Echavarri, y el exdirector del antiguo Banesto, Eusebio Unzúe, para gestionar el equipo ciclista.
Tal y como señaló el propio Echavarri en dependencias policiales, la mercantil fue puesta en marcha tras alcanzar un acuerdo verbal, que ya incluía precio y condiciones, con el Ejecutivo de Jaume Matas para que éste patrocinase al Illes Balears. Según los investigadores, en base al acuerdo privado firmado el 27 de noviembre de 2003 entre Abarca y Nóos, el Illesport abonó durante 2004 tres facturas por importe de 58.000 euros cada una a Nóos, el mismo día en que fue rubricado el convenio de patrocinio con el Gobierno balear.
ENTRAMADO SOCIETARIO LIDERADO POR URDANGARIN Y TORRES
Las investigaciones sobre estos hechos derivaron en hallazgo de un entramado societario que presuntamente urdieron Urdangarin y Torres con el fin de apoderarse de los fondos públicos y privados percibidos por Nóos. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Ejecutivo balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
DINERO DESVIADO AL EXTRANJERO
El análisis de la numerosa documentación incautada en el marco de la causa pone de relieve además el reiterado cruce de facturas supuestamente ficticias o por importe superior al servicio prestado, efectuado entre estas sociedades con el objetivo de incrementar gastos de unas u otras empresas a efectos de rebajar artificialmente el coste del correspondiente impuesto de sociedades.
La documentación intervenida en los registros practicados en esta causa recoge asimismo apuntes manuscritos sobre una supuesta estructura fiduciaria para desviar dinero al extranjero, concretamente a Belice y Reino Unido, y donde jugaba un papel fundamental la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management así como la figura del abogado experto en fiscalidad internacional Salvador Trinxet. Sobre este punto, la Fiscalía identifica que se transfirieron fondos 'invisibles' o de destino desconocido a Inglaterra por valor de 420.000 euros.
