La responsable de Economía y presidenta accidental de la sesión plenaria extraordinaria celebrada, Leocadia Benavente, confirma que “el problema de Las Calandrias no está resuelto”, puesto que, a pesar de que “la UTE Sufi Verinsur plantea un calendario de pagos”, a través del que, de junio a septiembre se van a pagar 250.000 euros, es decir, 150.000 euros más que hasta el momento, y de octubre a diciembre, 200.000, mientras que en 2013 la cifra será de 180.000 euros mensuales, más “los intereses de demora hasta 2013 y el dictamen de un técnico independiente”, confirma que “hasta el miércoles pasado, en conversaciones, esto no era obligatorio y ahora es vinculante, pero nuestros técnicos entienden que no debe serlo, por ello tenemos que seguir negociando”.
Por otro lado, la edil popular indica que “el problema de todo ha sido la imposibilidad de la empresa de entrar en la línea ICO, por su postura, pues ahora” a finales de este mes, “podrían cobrar su factura”, pero en cambio “exigen un único pago como si fuera el ICO, sin saber que en este concepto no paga directamente el Consistorio”. Al hilo de esta cuestión, el interventor, Juan Raya, afirma que “no se han certificado las facturas en la línea ICO porque han sido devueltas porque no se podían fiscalizar, por la falta de acuerdo por la facturación al margen de los precios que estaban previstos”.
Excepto en el punto referido a la mano de obra, destaca el interventor que los puntos a cumplir del convenio entre el Consistorio y la UTE es el mismo que entre la UTE y Ajemsa. La postura de la empresa, destaca, “no tiene precedente legal”, puesto que pretende repercutir la revisión del IPC por dos vías, por lo tanto “mientras la petición sea esa será imposible que se actúe favorablemente”.
Pero además Benavente recuerda que en el Pleno de febrero cuando se aprobó el canon para esta operación “ya avisamos que no había acuerdo con la empresa por la ruptura del diálogo de forma unilateral de la misma”.
El punto polémico, sobre todo entre Benavente y el portavoz socialista, Ignacio García, llega de a quién solicitar ayuda. Izquierda Unida plantea que se debe instar a la Diputación provincial a convocar la mesa de residuos, que es su competencia, “para analizar la situación, para que se pague un precio equitativo”. García de Quirós apunta que “estamos obligados a cumplir un plan provincial de residuos que está desfasado”, pero Benavente indica que la ayuda de Diputación ha existido, por lo que es a la Junta a la que hay que solicitar que el plan territorial esté caduco, así como que “las dos plantas existentes en la provincia estén gestionadas por la misma empresa, lo que constituye un monopolio”. El portavoz andalucista, Antonio Jesús Ruiz, lamenta que “es inadmisible que la empresa actúe como lo hace y ninguna administración haga nada. Queremos que la legislación se actualice y que las ayudas públicas se gestionen en condiciones”.
Para Julio Acale, de IU, los 60 euros más que se pagarán de canon fijo no es precio para que se haya llegado a la situación de que la basura estuviera seis días sin ser recogida en las calles, por problemas cercanos a la insalubridad y por la imagen turística que se da, lo que reflejan los demás partidos de la oposición también. Por ello Acale apunta, antes que ningún otro miembro de la Corporación municipal, que el problema está en otro punto, “y la solución se plantea cuando existe un calendario de pagos. Me preocupa la forma en la que la UTE ha conseguido lo que quería, con actitudes más bien mafiosas”, explica.
Silvia Gómez, portavoz de IP, entiende que “se ha actuado bien porque han primado los intereses de la ciudad, pero no hemos llegado al final porque ya se ha advertido que quedan muchos flecos y cuestiones que irán en un acuerdo, pero daremos nuestro voto de confianza”, alega. Acale plantea “qué pasará cuando haya desavenencias, porque Benavente así lo plantea. Vemos necesario que cualquier órgano consultivo intermedie”.
El Pleno extraordinario anterior trató un único punto referente al acuerdo con Visteon, por la problemática surgida por la repercusión del IVA, que la entidad pretendía que fuera soportado por el Ayuntamiento, algo a lo que la administración local se niega, por ello se van a deshacer de distintos activos, como maquinaria, para así poder hacer frente a dicha situación. Todos los partidos se unen en la felicitación a los intermediarios en este asunto, por un lado el edil de Patrimonio, Francisco Aguilar, y por otra, el de Urbanismo, Diego Muñoz.
