El comité de empresa de Sevilla Global, una sociedad anónima participada en solitario por el Ayuntamiento hispalense y que afronta un expediente de disolución y un futuro expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo sobre la totalidad de la plantilla, se reúne este martes con sus abogados al objeto de determinar cómo canalizar el "frente" judicial acordado contra la disolución y el citado ERE, según han informado a Europa Press fuentes del comité de empresa.
Durante la última sesión del consejo de administración de Sevilla Global, el interventor del Ayuntamiento, José Miguel Braojos, anunciaba que una vez consumado el expediente de regulación de empleo destinado a extinguir todos los puestos de empleo de la empresa (52), el Consistorio no asumirá a ninguno de los trabajadores, extremo derivado de la tasa cero de reposición de efectivos que pesa sobre el Ayuntamiento y que, de hecho, recoge su propio plan de ajuste. Y es que la disolución de 'Sevilla Global' forma parte del plan de ajuste promovido por el Consistorio para acogerse al real decreto Ley 4/2012, que habilita vías de financiación para que las administraciones salden sus deudas con los proveedores a cambio de sacrificios en materia de gasto corriente e inversiones.
Los líderes de la plantilla, sin embargo, avisan de que Sevilla Global cerró 2011 con una "pérdidas operativas" de sólo 68.413 euros pero con un capital social de 600.000 euros y un patrimonio neto de más de cuatro millones de euros. Para ellos, "ningún imperativo legal" obliga a disolver Sevilla Global.
ACCIONES JUDICIALES EN CONTRA
Frente a este expediente de disolución y su correspondiente expediente de regulación de empleo de carácter extintivo, no obstante, 26 de los 52 trabajadores afectados promueven ya acciones judiciales al respecto. La reunión programa para este martes, en ese sentido, tiene como fin profundizar en estas acciones judiciales y evaluar otras nuevas.
En concreto, una diligencia fechada el 6 de junio por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 y recogida por Europa Press, refleja que el acto administrativo objeto de recurso no es otro que el acuerdo plenario que, el 30 de marzo, daba luz verde al plan de ajuste promovido por el Ayuntamiento para acogerse al real decreto Ley 4/2012, que estipula vías de financiación para que las administraciones salden sus deudas con los proveedores a cambio de sacrificios. Este plan, como se recordará, contemplaba entre otros muchos aspectos la disolución de las sociedades municipales Giralda TV y Sevilla Global.
