La acusación particular del crimen del botellódromo que acabó con la vida del joven Jairo Gómez, de 17 años, tras recibir tres puñaladas mortales en una pelea, está preparando un escrito que presentará en el Juzgado de Instrucción número 4 dirigido al Ayuntamiento de Jerez para preguntarle por el protocolo de seguridad establecido del único recinto habilitado y autorizado por la Administración local para beber alcohol. En estas diligencias, como indica el abogado que representa a la familia del fallecido, Alfredo Velloso, exigirá al Consistorio jerezano que aporte el dispositivo de seguridad que hay en este espacio, así como las pautas que siguieron los agentes para actuar la noche de los hechos, como responsable civil subsidiario de unas instalaciones que cada fin de semana reúne a centenares de jóvenes jerezanos.
Una responsabilidad civil que en caso de que el juez la pusiera en entredicho podría derivar en la imposición al Ayuntamiento de una indemnización a la familia del joven, finalmente resolviera en la sentencia que no existían las medidas de seguridad reglamentarias para controlar la movida juvenil que se asienta en las explanadas de los chiribitos. Unas instalaciones hacia las que no faltan críticas por la falta de iluminación, o de efectivos policiales patrullando a pie y que se han agravado más si cabe en el último mes.
De hecho, muchos jóvenes que habitualmente eligen este espacio para reunirse con sus amigos se han quejado abiertamente de que la presencia de la policía es más testimonial que otra cosa, mientras que son contadas las veces que los han visto bajarse de los coches.
El letrado de la familia también tendrá muy presente la edad de la víctima a la hora de pedir justicia. “Resulta cuanto menos contradictorio que a un menor se le prohíba la venta de alcohol y se le facilite el acceso para beber alcohol en un recinto”, señala, ante la “falta de control” que existe en el botellódromo a la hora de determinar la edad de los jóvenes que acuden a este punto.
Cuando acaba de cumplirse un mes de este dramático suceso, tras el parón de agosto en los juzgados, el próximo 7 de septiembre acusación, defensa y Ministerio Fiscal tienen una vista en el juzgado de instrucción número 4 para concretar las imputaciones. Además de un caso claro de homicidio, la acusación particular añadirá el agravante del arma y la “situación privilegiada” en que quedó el presunto agresor, Jaime D.R, de 18 años de edad, como supuesto autor material del homicidio que junto con Fernando M, de 19, como posible inductor o cooperador necesario siguen detenidos en el centro penitenciario de Puerto III en un caso que será juzgado por un juzgado popular al reunir todos los requisitos exigidos para ello.
Después de que algunos testigos hayan prestado declaración, el abogado de la familia de Jairo también tiene pendiente varias pruebas científicas y solicitar que comparezcan ante el juez nuevos testigos que estuvieron la madrugada del 22 de julio. Pese a que, como explica, “nadie vio directamente el momento de la puñalada”, sí le consta que “hubo gente que vio como un chico (el presunto colaborador que también está detenido) le pasaba la navaja al principal acusado.
Sin embargo hay muchos interrogantes por resolver. A estas alturas, lo único que está claro es el trágico final de Jairo, si bien el abogado de la familia tampoco cree que la estrategia de “legítima defensa” que seguirá la defensa del principal imputado se sostenga. “El imputado principal cuando fue con la Policía Nacional al Hospital de Jerez por los cortes que también tenía en la mano dijo de motus propio que había sido él. Aunque ahí no le hubieran leído sus derechos es una declaración que habría que considerar como “válida” pese a que se diese de manera espontánea”, afirma Velloso, dado que posteriormente este acusado aseguró ante el juez que la presunta agresión al menor fue para defenderse.
Velloso también entiende que el hecho de que el arma hipotéticamente también pasara por manos de Jairo, como también se ha dicho, no tiene por qué modificar la calificación de homicidio. “Desde el momento que se la quitan se acaba la agresión”, manifiesta.
Manuel Hortas ejerce la defensa del principal imputado y mantiene que su defendido “fue el primer agredido”, argumento de peso que esgrimirá en la vista de septiembre en la que se concretarán las imputaciones y se solicitarán las diligencias a realizar. El letrado del principal detenido también mantiene que fue un amigo del fallecido el que inició la pelea y provocó que el menor iniciara el enfrentamiento que derivó en el trágico desenlace.
Al parecer, como mantiene Hortas, la cosa venía de largo, más concretamente de la Feria del Caballo cuando un amigo de Jairo tuvo varios encontronazos con el presunto homicida en los que llegaron a producirse incluso lesiones leves. El pasado 21 de julio los desencuentros entre ambas partes se fueron de las manos y derivaron en una agresión mortal a Jairo. Desde entonces, las redes sociales y el propio escenario del crimen se han encargado de reivindicar justicia para este vecino del entorno del Parque Atlántico. En youtube se suceden los videos con fotos de él y sus amigos y canciones compuestas en su memoria, mientras que en el lugar de los hechos una pancarta y unas velas reclaman justicia para el joven.
No es la primera vez que las explanadas del único espacio para beber alcohol son escenario de un suceso, aunque no de la magnitud de este último. Dejando aparte las peleas leves, el Ayuntamiento ya tuvo que ir a juicio en 2009 después de que debido a un botellazo un joven perdiera un ojo. El Ayuntamiento tuvo que responder como responsable civil al ser el botellódromo de su competencia, pero finalmente no tuvo que hacer frente a ninguna indemnización.
Pelayo hablará del botellódromo con Valderas
El dramático caso de Jairo no ha hecho mella en la afluencia de público en el botellódromo partiendo de la base que en los meses de verano este punto suele estar mucho más tranquilo que el resto del año. Según han confirmado fuentes municipales, el Ayuntamiento tampoco ha alterado el plan de seguridad que hay en la zona debido a su “operatividad” y su “buen funcionamiento”, dado que el presunto agresor fue detenido cuando supuestamente intentaba huir tras lo ocurrido. En concreto, son tres las unidades de la Policía Local que de manera fija patrullan en este espacio. Dos unidades suelen ubicarse en los accesos y una dentro en un servicio que también está reforzado con una unidad de la Policía Nacional.
La dinámica de trabajo tampoco es al azarcada fin de semana, puesto que antes de comenzar los turnos los agentes de los dos cuerpos intercambian impresiones y preparan su hoja de ruta de cara a la noche, tratando de alternar su ubicación para no ser demasiado previsibles entre los jóvenes. Fuentes municipales también han descartado que se hayan producido más incidentes de gravedad tras este suceso, si bien en la agenda de temas que la alcaldesa, María José García-Pelayo, trasladará al vicepresidente del Gobierno y consejero de Gobernación, Diego Valderas, el asunto del botellódromo y la necesidad de plantear “otras actividades de ocio” para los jóvenes. No hay que olvidar que la propia delegada de Participación y Juventud, Lidia Menacho, reconoció a las pocas horas del trágico suceso que la fórmula del botellódromo que habilitó el anterior gobierno socialista a raíz de la controvertida ley contra el botellón es una “fórmula fracasa”.
A juzgar por sus palabras, parece que este recinto al aire libre podrían tener sus días contados dado que la edil municipal ya dijo muy claro que ni “con medio centenar de agentes” se podría controlar el acceso de menores a un recinto abierto en el que se llegan a concentrar hasta 3.000 jóvenes en una noche de fin de semana. Por ello, Menacho anunció un debate con la juventud para definir las opciones de ocio y calificó la ley antibotellón de “disparate”. El PP también ha planteado a la Junta una revisión de la legislación para modificar una norma “mal planteada desde el principio”.
