El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, cuestiona que el Ayuntamiento de Sevilla deniegue la licencia de taxi a personas con antecedentes penales y recomienda que se deje sin efecto tal exigencia para evitar una “discriminación que debe entenderse prohibida por la ley y que obstaculiza la reinserción social”. Además, muestra su “preocupación” por lo que entiende suponen “obstáculos añadidos” a estas personas en un momento de “especial dificultad”, ya que se les puede “condenar a una pena no impuesta de marginalidad”.
Según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press, el Defensor recomienda, atendiendo a una queja presentada, que el Ayuntamiento deje sin efecto la exigencia de carecer de antecedentes penales para la obtener el permiso municipal de conducción de taxis en las bases aprobadas por el Instituto del Taxi para evitar “una discriminación que debe entenderse expresamente prohibida por la Ley”, teniendo en cuenta que son personas que “ya han cumplido las penas que les fueron impuestas”.
Indica que el Ayuntamiento sustenta su postura en que la actividad de autotaxi tiene la consideración de servicio de “interés general, al tratarse de una actividad dirigida al público que se realiza por particulares”, pero el Defensor advierte de que el Estatuto Básico del Empleado Público, “claro exponente de servicio de interés general”, no lo exige, sino únicamente no encontrarse inhabilitado por resolución judicial.
Además, concluye que el Ayuntamiento no “invoca” ninguna otra normativa estatal o autonómica ni la correspondiente Ordenanza municipal del Taxi, afirmando que la normativa del sector no establecen ese requisito, más aún cuando la Ley Orgánica General Penitenciaria señala que los antecedentes “no podrán ser en ningún caso motivo de discriminación social o jurídica”, algo que el acuerdo municipal “podría incumplir”.
