Un total de 50 personas han sido expedientadas por tomar parte en la concentración de este martes en torno al Congreso de los Diputados convocada por la coordinadora 25S, una protesta que no había sido comunicada a las autoridades, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación de Gobierno.
Según estas mismas fuentes, la multa administrativa que se suele aplicar en estas situaciones ronda los 300 euros, si bien todo queda a expensas del procedimiento sancionador que se inicia ahora.
Una vez la Policía solicita el DNI a los manifestantes para proceder a su identificación en plena calle, se procede a realizar un expediente policial que es remitido a la Delegación de Gobierno, la cual decide si incoa el expediente sancionador a la vista de lo que consta en la información facilitada por los agentes.
El siguiente paso consiste en designar un instructor e iniciar un periodo de alegaciones de 15 días en los que el expedientado puede presentar alegaciones y aportar cuantos documentos estime convenientes. Tras estudiarse esos argumentos, se dicta una resolución ante la que se abre un nuevo periodo de alegaciones antes de adoptarse una decisión final.
Contra esta resolución también hay posibilidad de presentar un nuevo recurso de alzada ante el Ministerio del Interior. Además, en caso de que en esta instancia también le fuese desestimado, el expedientado podría pasar de la vía administrativa a la judicial mediante la presentación de un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo.
EXPLICACIONES DE CIFUENTES
La Delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes ha explicado este miércoles que la concentración era "ilegal" en tanto en cuanto no se había comunicado "como marca preceptivamente la ley" y, "en consecuencia, se aplicará lo que la propia ley establece", es decir, abrir un expediente administrativo sancionador "a las personas que la convocaron y a los promotores de la misma", esto es, la Coordinadora 25-S.
Cifuentes ha explicado en una entrevista radiofónica que ayer ya se tomaron algunas identificaciones y que la Delegación iniciará por su parte la apertura de los expedientes.
"Las manifestaciones y concentraciones se pueden llevar a cabo con total libertad, porque es un derecho reconocido, pero se tienen que notificar a la Delegación y cumpliendo unos requisitos que establece la ley, cosa que ayer no ocurrió", ha lamentado.
LA POLICÍA AVISÓ ANTES
Los propios agentes de la Policía comunicaron personalmente a los primeros manifestantes concentrados en la Cuesta de Moyano que la concentración convocada no había sido comunicada a la Delegación de Gobierno, por lo que se sancionaría a quienes continuasen la protesta que posteriormente se trasladó a los aledaños del Congreso de los Diputados donde se debatía sobre los Presupuestos generales del Estado.
"Esto es una concentración no comunicada todo el que se quede va a ser sancionado", anunció uno de los agentes a las decenas de personas que comenzaban a concentrarse.
