Las siete asociaciones de jueces y fiscales, las de secretarios judiciales, cuatro sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios -un total de 18 colectivos-, han celebrado un inédito acto público "en Defensa de la Administración de Justicia" en el que han coincidido en criticar duramente la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón, al que exigen que "rectifique" para evitar una "mercantización" y "privatización" de este servicio que nos sitúa en épocas "precnostitucionales".
El acto se ha celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, y en él han intervenido brevemente representantes de todas las organizaciones convocadas para coincidir en la realización de un diagnóstico muy negativo sobre la situación de la Justicia.
Advierten del coste para los derechos de los ciudadanos que tendrán proyectos la ley de tasas, la cesión a registradores o notarios de trámites realizados ahora por el Registro Civil o la práctica desaparición de los jueces sustitutos, entre otras políticas.
Pese a la insistencia de los periodistas presentes en el acto, a cuyo término se leyó un comunicado conjunto, los participantes no consideran que sea ahora el momento de plantear huelgas como las que se desarrollan en los sectores educativo y sanitario y tampoco han dado el paso de pedir la dimisión del ministro con excepción de dos asociaciones de secretarios judiciales.
No obstante, consideran que Ruiz-Gallardón ya no es interlocutor válido, porque se ha dedicado ha "descalificarlos" desde los medios de comunicación, sin tratar de llegar a consenso alguno, y han pedido una reunión con el preside del Gobierno, Mariano Rajoy.
Durante su intervención, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha manifestado que los planes del Ministerio suponen pasar de "la tutela judicial efectiva a la tutela judicial en efectivo", y ha lamentado que tras un año de gestión Ruiz-Gallardón ni siquiera haya visitado los juzgados para conocer la situación real.
REUNIÓN CON PARLAMENTARIOS DEL PP
Bosch ha anunciado que las asociaciones de jueces han sido convocadas el próximo miércoles por el grupo popular en el Congreso, a cuyos diputados ha pedido diálogo para la consecución de soluciones.
Por su parte, el representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Álvaro Martín, ha sido el más tibio de los participantes al limitarse a reclamar independencia judicial y que las reformas previstas, como la que prevé una nueva regulación del Consejo General del Poder Judicial, tenga en cuenta los planteamientos del colectivo.
Más duro en sus planteamientos fue el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria (FdV) y decano de los jueces de Madrid, José Luis González Armengol, que ha señalado que observan con preocupación la quiebra del estado social proclamado en el artículo primero de la Constitución y que se obstruya el acceso del ciudadano a la justicia poniendo como excusa la crisis económica. "Tras ello puede esconderse una crisis de incompetencia para garantizar la gestión de la Justicia", ha dicho.
El portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, ha afirmado que la finalidad de la reforma son "ideológicas" y no buscan la mejora del servicio de Justicia, mientras que la práctica totalidad de los asistentes ha insistido en destacar la importancia de que, por primera vez en la historia, el Ministerio haya logrado reunir a todas las organizaciones presentes, con sus diferentes orígenes profesionales e ideológicos.
En su manifiesto, los asistentes reclaman " una rectificación de la gestión actual y la apuesta por una nueva etapa en la que, desde el diálogo constructivo, se fijen soluciones eficaces a los graves problemas existentes".
Desde esta prespectiva, y queriendo ser destructivos, manifiestan su voluntad de efectuar "aportaciones representativas de todos los ámbitos de la Justicia, pues será imposible acometer cambios estructurales efectivos sin las opiniones de quienes mejor conocen estas importantes carencias".
Así, solicitan al Gobierno que demuestre "una altura de miras" semejante a la de quienes, desde distintas sensibilidades, se han marcado con el acto de hoy como objetivo común "la defensa de la Administración de Justicia, para que pueda cumplir las elevadas funciones que le asigna nuestra Constitución".
