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Martes 05/11/2024
 

Campo de Gibraltar

El juzgado exige readmitir a los directivos de Algesa

Fueron cesados tras su detención por supuesta apropiación indebida. El Consistorio recurrirá la sentencia ante el TSJA

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  • Uno de los vehículos de Algesa. -

El Juzgado de lo Social de Algeciras ha ordenado la readmisión e indemnización a los directivos de la empresa municipal de Limpieza (Algesa) que fueron apartados preventivamente de su puesto una vez que comenzó el proceso de instrucción de la causa levantada contra ellos por supuesta apropiación indebida.

Dicha sentencia contempla la obligación del Ayuntamiento de tener que pagar al ex gerente de la empresa el blindaje de 238.000 euros en caso de rescisión de contrato “que de forma arbitraria e inmoral le fue otorgado por los responsables del PSOE”, manifestó el concejal de Limpieza y consejero delegado de Algesa, Bernabé Ramírez.

Agentes de la Guardia Civil detuvieron el pasado mes de abril al gerente de la empresa municipal, Manuel López, así como al jefe de taller y al jefe de servicio, cuando los citados funcionarios fueron interceptados con un vehículo de Algesa que contenía material deportivo falso que había sido previamente incautado por Vigilancia Aduanera, y que se trasladó al Punto Limpio del municipio para seguir el procedimiento habitual de su destrucción.

Bernabé Ramírez avanzó, además, la decisión del Ayuntamiento de presentar un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dada su disconformidad con la sentencia.

El edil entiende que esta indemnización “abusiva” no debe ser pagada por los ciudadanos de Algeciras, ya que “carece de cualquier tipo de justificación”, por lo que se llevarán a cabo “cuantas acciones sean pertinentes en defensa del Ayuntamiento, incluidas las acciones de responsabilidad patrimonial contra los responsables políticos de un blindaje que sólo persigue el enriquecimiento injusto del anterior gerente de la empresa”.

Al margen de la sentencia, el proceso judicial que motivó los despidos sigue en marcha, y podría dar lugar a una sentencia de culpabilidad hacia los directivos.

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