La concejal delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, denunció en la tarde de ayer que la Junta de Andalucía adeuda al Ayuntamiento 800.000 euros en materia de la Ley de Dependencia, correspondientes al abono del segundo semestre del pasado año.
La edil señaló que el Ejecutivo regional “continúa aplicando su asfixia económica a nuestra ciudad, aunque parece ser que eso no le importa a algunos compañeros de Corporación, caso de la concejal y parlamentaria socialista Rocío Arrabal, que prefiere perder el tiempo asuntos más superfluos que en luchar por mejorar la asistencia a las personas dependientes de nuestra ciudad”.
Conesa trasladó su preocupación por estos recortes que se aplican al municipio “y en el caso de la Ley de Dependencia continuamos teniendo muchos problemas. En febrero deberíamos recibir el pago del primer semestre de este año, pero creemos que no se hará dada la deuda pendiente”.
A ello hay que añadir la rebaja aplicada en casi un cincuenta por ciento del programa de apoyo a la Dependencia, que ha conllevado la finalización de los contratos de cuatro administrativos que trabajaban en la Delegación Municipal de Igualdad y Bienestar Social, manteniendo a los tres trabajadores sociales.
Empleo público
Conesa ha destacado, en este sentido, que el programa de refuerzo del personal de la Dependencia, por el que actualmente se venía contratando a cuatro administrativos y tres trabajadores sociales, ha sufrido este año un gran recorte.
Por ello, según explica la representante del equipo de Gobierno, “el Ayuntamiento deberá realizar una oferta de empleo público, y mientras tanto, estamos pasando dificultades ya que el servicio se está prestando bajo mínimos, y ha sido necesario reestructurar las plantillas de la delegación y de otros departamentos municipales”.
