El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Sevilla ha emitido, con fecha 7 de febrero, una resolución en la que insta al Consistorio de Sevilla a que remita en el plazo de 20 días todos los expedientes completos de las contrataciones realizadas por los talleres de los once distritos de la ciudad, después de que el PSOE haya pedido amparo a la Justicia al conseguir sólo expedientes “incompletos” de esas contrataciones.
Según el portavoz adjunto del PSOE, Antonio Muñoz, el Ayuntamiento de Sevilla sólo ha remitido completos los expedientes de los distritos Casco Antiguo y Cerro-Amate. La documentación del resto de los distritos, según el edil socialista, carece de la facturación o de los expedientes principales, según ha declarado a Europa Press.
“Si no tienen nada que temer, ¿por qué no las remite?”, se cuestiona Muñoz, que indica que el Ayuntamiento debería facilitar a la oposición el acceso a esta información. Además, advierte de que “lo que es más grave es que el Ayuntamiento ya ni atienda las reclamaciones judiciales”, lo que ve “doblemente grave”.
Muñoz lamenta que vuelva a “llover sobre mojado”, poniendo de manifiesto las “dificultades” que asegura suele poner el gobierno de Juan Ignacio Zoido para dar información a la oposición.
“Es la primera vez que ocurre en el Ayuntamiento, por lo que Zoido queda desautorizado para hablar de transparencia a la vista de las dificultades, una vez más, que pone para ver los expedientes de talleres”, concluye Antonio Muñoz.
Sí se cumple
Tras conocerse estas decaraciones, el delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Beltrán Pérez, ha asegurado que el Ayuntamiento cumple “estrictamente” con sus obligaciones de informar sobre los talleres, apuntando que la última notificación judicial “no ha llegado aún” a su área, por lo que no se puede decir que no cumplan con lo que requieren los juzgados.
Beltrán ha achacado el “intento de revestir de gravedad” el asunto de los talleres cuando el contencioso se refiere a “la expedición de fotocopias que contienen datos protegidos”, considerando que es una cuestión de “las formas de acceso a una información y no el fondo del asunto, que no está sometido a ninguna contingencia judicial”.
Según Beltrán, las propias empresas que gestionan los distritos “solicitaron que no se facilitara información sobre datos protegidos de sus trabajadores”, apuntando que los concejales socialistas han podido consultar en dos ocasiones los expedientes completos de los distritos.
Plan Centro
La denuncia sobre la falta de transparencia del gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido se produce un día antes de que cierre, por fin, sus conclusiones la comisión de investigación del Plan Centro tras quince meses sin avanzar y con denuncias de dilación por parte del PP.
La principal excusa que denunciaba la oposición era la resolución de la Agencia de Protección de Datos sobre el uso de información reservada que hizo el jefe de sección del Centro de Control de Tráfico, Enrique Gutiérrez, durante las sesiones de la comisión.
El informe de Gutiérrez revelaba que el Plan Centro quedó inoperativo de facto antes de su derogación, que existía un intervalo de minutos que no era sancionado y la falta de fiabilidad de las cámaras, extremos negados por los funcionarios que sí que reconocieron que se redujo el número de sanciones (2.500) porque superaba la capacidad de gestión que tenía la Agencia Tributaria.
Cuatro renuncias por “enchufismo”
Cuatro familiares de concejales del PP renunciaron a las contrataciones después de la polémica que motivó la contratación de miembros de este partido, de Nuevas Generaciones o sus familiares, como coordinadores de los distritos de la ciudad a través de las empresas que gestionan estas actividades y que resultan adjudicatarias de estos talleres por los propios distritos.
