La edil María José Valencia se ausentó este miércoles del primer Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Sanlúcar tras el anuncio, hace dos semanas por parte del equipo de Gobierno de cesar en sus competencias como delegada de Vivienda a la concejal socialista, tras declarar ante la unidad de la Policía especializada en delitos y blanqueo de capitales por su supuesta implicación en el ‘Caso Bahía Competitiva’ cuando era diputada provincial de Empleo y vicepresidenta del IEDT.
La sesión comenzó pasados unos minutos de la hora prevista, pero el sillón de la concejala permaneció vacío durante el Pleno en el que, además, se daba cuenta del decreto firmado por la alcaldesa-presidenta de la Corporación, Irene García, en el que revocaba la delegación conferida a María José Valencia respecto al Servicio Municipal de Vivienda.
Al inicio de la sesión, como suele ser habitual cuando existe una causa justificada de ausencia por parte de algunos concejales, no se justificó por parte del grupo socialista la vacante de Valencia en el Salón de Plenos.
Tampoco, durante el punto tercero, que abordaba el conocimiento de decretos de la alcaldesa en el que se enmarcaba el cese de la concejal socialista, hubo ninguna intervención por parte de ninguno de los cinco grupos políticos con representación municipal, quienes tampoco, a nivel local, se han manifestado públicamente sobre la situación que ha llevado al Gobierno local a apartar a la concejala de sus tareas de Gobierno hasta que se aclare su presunta implicación en el caso que investiga un supuesto fraude en la concesión de ayudas a la reindustrialización, por valor de 14,5 millones de euros, entre los años 2007 y 2011, cuando Valencia estaba al frente del ente encargado de baremas las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria al empresario Alejandro Dávila Ouviña, considerado el cabecilla de la trama.
No obstante, Valencia se ha puesto en contacto con este periódico justificando su ausencia al Pleno por problemas de salud familiares.
El voto de Valencia era decisivo para sacar adelante uno de los puntos del día relativo a una operación de tesorería, aunque finalmente, fue respaldado por todos los grupos de la oposición excepto IU. La no aprobación habría conllevado la congelación de las cuentas.
ASUNTOS DEL PLENO
Dos fueron los puntos principales que marcaron la celebración del Pleno ordinario del mes de febrero, en el que se dio cuenta del informe elaborado por la Intervención municipal sobre la ejecución del Plan de Ajuste finalizado el ejercicio 2012 (NOTICIA ENLAZADA).
Por otro lado, la renovación de una operación bancaria que el Ayuntamiento de Sanlúcar viene renovando desde el año 1994, fue el otro asunto de debate entre los grupos por la “delicada” situación económica del Consistorio, La delegada de Hacienda, Inmaculada Muñoz, defendió la renovación del préstamo, señalando que se ha ido reduciendo desde 2007 la cantidad solicitada -desde los 10,7 millones a los 8,1 actuales - y asegurando que durante 2013 se amortizará un millón de euros, lo que no convenció a IU, único grupo que se opuso al crédito.
En otro orden de cosas, y junto con los asuntos económicos tratados en la sesión, la Corporación municipal abordó la reversión de las competencias que fueron otorgadas a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir en octubre de 2001 para la gestión del servicio de recogida y tratamiento de fracciones de residuos solidos urbanos. Por unanimidad, los grupos aprobaron este punto, con el que el Ayuntamiento busca dotar de soporte jurídico a un servicio que ha quedado en el aire tras la disolución del ente mancomunado, si bien el delegado municipal de Medio Ambiente y Playas, Ramón Rodríguez, señaló que el servicio se sigue prestando por parte de una empresa que ha actuado ‘de buena fe’ durante este tiempo.
La propuesta del PSOE en defensa de al autonomía andaluza no consiguió contar con el apoyo del PP, que se opuso al manifiesto alegando que éste estaba dirigido hacia “los recortes”. Tampoco el PP apoyó íntegramente la propuesta de los grupos municipales sobre el Día Internacional de la Mujer, que provocó un intenso debate por sesgo político. CIS también votó en contra, junto al PP, en uno de los puntos referidos a la Ley del Aborto.
Por unanimidad se aprobaron el resto de propuestas municipales para instar a la Junta de Andalucía a mejorar los accesos del Pinar de La Algaida y agilizar los trámites de la ley de dependencia y la denominación de una calle con el nombre de Manuel García Caparrós, asesinado en defensa de la autonomía andaluza en 1977.
