El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, José Manuel Ortiz Bono, ha negado este martes que el Gobierno andaluz haya ordenado el corte de suministro eléctrico y de agua a 19 viviendas ubicadas en el barrio de El Fas de Cantoria (Almería) que, según ha apuntado, se servían de bocas de riego para obtener agua en las residencias.
Según ha explicado Ortiz Bono a Europa Press, la Junta de Andalucía solicitó información al Ayuntamiento de Cantoria (PP) sobre bocas de riego y concesión de licencias de obra, de forma que ha comprobado posteriormente que las acometidas de agua que usaban estas viviendas "no contaban con licencia" y eran "bocas de riego", pero niega haber ordenado el corte del suministro.
La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) criticó este lunes el corte de luz y agua efectuado a unas 19 viviendas irregulares o fuera de ordenación ocupadas por pensionistas británicos y culpó de ello la Junta de Andalucía, desde donde se apunta además que no se ha adoptado ningún tipo de acuerdo o resolución en relación al carácter legalizable de las mencionadas edificaciones.
Ortiz está convencido de que la orden de desconexión del servicio eléctrico y del suministro de agua ha sido efectuada por el Ayuntamiento de Cantoria tras las comprobaciones de la Junta, que "solo se ha limitado a realizar unas actuaciones de investigación en relación a la autorización dada por el Ayuntamiento de diferentes licencias de obras para la colocación de bocas de riego, autorización que el propio Consistorio dio con la condición de que dichas bocas no podrían utilizarse en ningún caso para usos residenciales".
"La actuación realizada por la Junta ha consistido solo en solicitar al Ayuntamiento que comprobara que las bocas de riego autorizadas por el Consitorio se estaban utilizando solo para el fin que el propio Ayuntamiento precisó en su autorización", insiste Ortiz Bono, quien recuerda además que existe un pronunciamiento judicial sobre las mencionadas viviendas que señala la ilegalidad de las mismas.
No obstante, el delegado territorial sí ha explicado que se remitió una carta a todos los ayuntamientos de la provincia con viviendas fuera de ordenación en la que recordaba que a raíz del decreto aprobado por el Gobierno andaluz, que persigue la regularización de estas casas, se cumplía el plazo de un año acordado para suministrar "de forma provisional" luz y agua a estas viviendas mientras se iniciaban los trámites para su asimilación.
"No sabemos si a raíz de esta carta se ha interpretado que se les quite la luz y el agua", explica el delegado, quien apunta que las corporaciones locales han contado con un año de plazo para elaborar la documentación necesaria para resolver el estado irregular de las viviendas fuera de ordenación. "Algunos se han limitado a dar luz y agua provisionalmente o se han quedado ahí y otros ayuntamiento han hecho sus trámites y están en las últimas fases", ha indicado.
