La Fiscalía de Málaga ha solicitado cuatro años y medio de prisión para un transportista que trabajaba para una empresa de bebidas, al que acusa de quedarse con mercancía valorada en más de 50.000 euros y de falsificar determinados documentos. El juicio está previsto que se celebre este próximo miércoles 10 de abril en la Sección Segunda de la Audiencia malagueña.
Según las conclusiones iniciales del ministerio fiscal, el acusado trabajaba, al enfermar su padre, como transportista para una empresa de bebidas de forma que recogía los pedidos en el almacén de la misma y los llevaba a los diferentes clientes, que debían firmar los albaranes de entrega correspondientes con su nombre, DNI y abonar su importe en metálico o con efectos mercantiles.
Estos documentos y el importe, el procesado los tenía que entregar a la empresa, según el escrito provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press. Pero, el hombre, con "ánimo de ilícito beneficio", retiró determinada mercancía, "sin que se haya conseguido averiguar su destino final". Para encubrir su actuación, confeccionó albaranes.
En este punto, la acusación pública sostiene que rellenó los documentos "imitando la firma de los que figuraban como destinatarios que ni habían realizado pedido alguno ni recibieron la mercancía ni firmaron ningún documento", según pone de manifiesto el ministerio público, quien señala que se han detectado tres actuaciones en el año 2009.
En una de ellas, en mayo, retiró mercancías por importe de 10.852 euros con supuesto destino a una empresa de alimentación de Málaga "imitando en el albarán la firma de su responsable". Ese mismo mes, supuestamente, hizo igual con otra empresa de la localidad malagueña de Casabermeja por valor de 19.671 euros; y en junio, con otra de Málaga, retirando mercancías valoradas en 22.330 euros.
El perjuicio total causado a la empresa de bebidas ascendió a 52.854 euros, según el fiscal, que lo acusa de un delito de apropiación indebida, por el que pide dos años de prisión; y por otro de falsedad, por el que solicita dos años y medio de cárcel, ambos con carácter continuado. Además, insta a que se le imponga una multa de 3.000 euros y a que indemnice a la sociedad.
