La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el Ejecutivo se siente reforzado por la suspensión de la declaración soberanista catalana ordenada por el Tribunal Constitucional, tras la impugnación del propio Gobierno, y ha asegurado que estudia y estudiará llevar al alto tribunal todo acuerdo que considere que incumple esa suspensión.
Tras "un primer mensaje claro, a quien lo quiera escuchar", lanzado por el Alto Tribunal, la vicepresidenta ha augurado que pueden llegar otros. "Aquellas actuaciones que supongan incumplimientos de la suspensión, lo que el Gobierno va a hacer es enviarlas o incorporarlas al Tribunal Constitucional para que tengan sus efectos y para poner en evidencia la suspensión (de la declaración soberanista)", ha explicado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz ha anunciado que el Gobierno ha encargado a la Abogacía del Estado que estudie así la comisión creada el pasado miércoles en el Parlament de Cataluña para aplicar el derecho a decidir. El objetivo es incorporarla a la citada impugnación; lo mismo se hará con cualquier otro acuerdo, sin cerrar tampoco la puerta a recursos independientes.
ADVERTENCIA TAMBIÉN A LOS POLÍTICOS
Sáenz de Santamaría ha incluido en la advertencia también a los dirigentes políticos, a los que les ha recordado que deben atenerse a las leyes y a la Constitución también en sus declaraciones y que serán los órganos judiciales y la fiscalía los que procedan, si lo ven necesario. "Entiendo que manifiesten lo que estimen oportuno, pero tiene obligación de respetar la Constitución y las leyes", ha dicho.
La vicepresidenta ha explicado en varias ocasiones la satisfacción del Gobierno por que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite la impugnación de la declaración soberanista y en consecuencia, haya dictado su suspensión.
"Abre la vía para poder recurrir, impugnar o incorporar a ese recurso todo lo demás. Estamos en mejor situación para defender la Constitución que al inicio", ha argumentado Sáenz de Santamaría, que también ha subrayado la "normalidad" de este proceso: existe un contencioso, se plantea ante los tribunales y se resuelve.
Tras este primer paso, la portavoz ha advertido que podrán venir otros. Todo acuerdo que el Gobierno entienda que contraviene la Constitución o que desarrolle la declaración soberanista estando ésta suspendida, será objeto de un recurso separado o de su incorporación a la impugnación ya admitida. "Son las reglas del juego", ha insistido.
Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado también que este proceso es a su juicio la confirmación de que "las instituciones funcionan" y que se debe confiar en ellas.
LA GENERALITAT NO DEBE ELUDIR SU RESPONSABILIDAD
La portavoz del Gobierno ha criticado que se están utilizando además "debates de esta naturaleza" para "eludir" otros asuntos, como la salida de la crisis mediante la gestión diaria. "El objetivo de país, de todos, debería ser ese y no eludir esa responsabilidad, tratar antes esas dificultades de la gestión diaria que hacer discursos que el propio Tribunal Constitucional ya ha dado un mensaje de cómo puede terminar", ha advertido.
Soraya Sáenz de Santamaría también ha asegurado que el Gobierno se siente igualmente responsable del bienestar de los catalanes como del resto de ciudadanos del país y que para ello debe garantizar la financiación de los servicios públicos, "que los ciudadanos no sufran un perjuicio por la actuación de sus administraciones".
Ha dicho en este sentido que el Ejecutivo se mantiene abierto al diálogo con la Generalitat y con todas las administraciones, con el objetivo de tomar "las actuaciones oportunas para que ni en Cataluña ni en otra comunidades se adopten medidas necesarias para garantizar servicios públicos y mejorar las políticas".
En esta línea y preguntada al respecto, Sáenz de Santamaría ha dicho que se aplicarán los mecanismos previstos en la Ley de estabilidad presupuestaria, el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) o el Fondo de pago a proveedores para que el dinero que se presta a través de estos mecanismos se destine a lo previsto. "Por ahí es por donde vamos a ir", ha dicho.
EL SISTEMA "MÁS JUSTO" PARA EL DÉFICIT
La vicepresidenta ha sido también preguntada por la petición de la presidenta del PP de Madrid, Alicia Sánchez-Camacho, de que el déficit que se autorice a Cataluña para este año se acerque al 1,8 por ciento, por encima del 1,2 que se baraja.
La portavoz considera "lógico" que los representantes autonómicos defiendan "el interés de su comunidad y de sus propias necesidades". "Ha pasado siempre", ha dicho. Y ha añadido que el déficit autonómico de este año se cerrará "con el sistema más justo y equitativo" y "teniendo en cuenta los esfuerzos de cada cual, pasados y futuros".
