El exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Adra (Almería), Luis Pérez, ha registrado este lunes un escrito en la agrupación local de su partido para "darse de baja" como militante, una decisión que ha adoptado él mismo tras haber sido imputado en relación al caso 'Facturas', por el que se investiga una supuesta trama en la que se habrían falseado facturas pagadas a través del Patronato Provincial de Turismo de Almería.
Fuentes del partido han precisado a Europa Press que Pérez, para quien el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ordenó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros hasta el próximo 31 de julio, ha trasladado a través de un texto su solicitud para suspender su relación con el PSOE hasta que, según han manifestado desde el PSOE, su situación judicial quede resuelta.
Las mismas fuentes han explicado que "en los próximos días" Pérez formalizará su renuncia como edil del Ayuntamiento de Adra en la oposición, de manera que devolverá su acta, con lo que quedará finalmente apartado de la vida política.
El exvicepresidente también del Patronato de Turismo de Almería ha sido citado a declarar en al menos dos ocasiones por el magistrado Luis Durbán, quien trata de esclarecer el paradero de unos 460.000 euros que habrían sido presuntamente malversados a través de emisión de un centenar de falsas facturas de viaje entre 2009 y 2011, según la denuncia planteada desde el actual equipo de gobierno de la Diputación de Almería (PP).
En este sentido, la instrucción mantiene imputadas a otras nueve personas entre las que se encuentran la exsecretaria del Patronato María Teresa González y el gerente de la agencia de viajes Leitour Viajes, Francisco Javier Guerrero, quien estuvo cerca de dos semanas en prisión provisional y para quienes se solicitó una fianza de 12.000 y 6.000 euros, respectivamente.
La investigación intenta aclarar también si la emisión de facturas supuestamente ficticias habría alcanzado otros órganos de la Diputación, sentido en el que el propio vicepresidente de la institución, Javier Aureliano García (PP) reconoció recientemente en que se trabaja en averiguar si las presuntas irregularidades habrían ido "más allá de las facturas de viajes".
En esta línea, cabe destacar la imputación en el marco de este caso del empresario almeriense Joaquín Conde, propietario de Publifiestas Conde, para quien también se exigió una fianza de 12.000 euros para eludir la prisión y a quien se acusa de haber ideado el procedimiento para falsear o inflar facturas en relación a los servicios que prestaba a la institución, según la declaración de otros imputados.
El caso también ha influido en el entorno del exvicepresidente, ya que tanto su esposa como una pareja de amigos de este permanecen imputados a causa de un viaje realizado a Edimburgo en 2010 y que, según sostiene la Fiscalía en su denuncia, pudo ser de carácter "privado" aunque financiado con fondos del Patronato de Turismo; un extremo que Pérez negó en su declaración ante el juez Durbán, según indicó el mismo a su salida de la Ciudad de la Justicia.
