El futuro del proyecto de Los Merinos será desde ahora mucho más incierto, si cabe, de lo que ha venido siendo hasta este momento, al acogerse la constructora Copisa a las ventajas financieras de la nueva ley de reestructuración de deuda de las empresas promovida por el Gobierno. La promotora del complejo de golf de Ronda es, en efecto, una de las primeras empresas que podrá beneficiarse de los cambios legislativos introducidos en marzo pasado por el Ejecutivo, tras aprobarse el llamado decreto ley de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que permite que los bancos se queden con los activos menos seguros de las empresas, cosa que ocurrirá con Los Merinos, según ha podido confirmar RONDA SEMANAL. Se trata de una especie de dación en pago que librará a Copisa de activos inmobiliarios por un valor próximo a los 120 millones de euros, con los que la promotora logrará saldar numerosos créditos, entre ellos la millonaria hipoteca de Los Merinos Norte, donde se litigia desde hace años para construir un campo de golf y numerosas residencias. Copisa estaría próxima a cerrar esta reestructuración.
Según ha trascendido, las entidades que deberán adjudicarse parte de los inmuebles hasta ahora propiedad de Copisa son Santander, Banco Popular, Caixa Bank y Banc Sabadell. En las negociaciones de refinanciación participan también BBVA, Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia y Caja Duero, integrada en Liberbank. Según ha sabido este periódico, podría ser el Banco Popular el que se quedara con Los Merinos, estando prácticamente cerrado el acuerdo.
Un diario catalán precisó este viernes que Copisa tiene otros 160 millones de deuda que, al ser ‘sostenible’, de acuerdo a la nomenclatura de la referida reforma empresarial, no obliga a la banca a quedarse con la misma.
INCÓGNITAS
Es una incógnita saber qué hará el Banco Popular con Los Merinos, si finalmente resulta ser el que se quede con la propiedad inmobiliaria de Copisa en Ronda. Hay que recordar que la propia promotora anunció que cambiaría su proyecto para hacerlo viable, dados los cambios provocados por la crisis en el mercado inmobiliario pero, especialmente, para lograr hacer viable la construcción. Con estas premisas, Ayuntamiento y promotores alcanzaron un acuerdo que pasaba por una curiosa e inédita modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente que, raramente, proponía reducir edificabilidad y obras, cuando este tipo de modificaciones suelen perseguir justamente lo contrario. La empresa se había comprometido a asumir los costes de esta operación. El camino, aún siendo complejo, parecía sencillo tras todo lo pasado, y se acordó en una reunión a tres bandas entre la promotora, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Se descartaban de este modo otras dos vías posibles: la modificación del plan parcial que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o la inclusión del proyecto en el nuevo PGOU, extremos que resultarían mucho más complejos.
Merinos admitió tras conocerse estas novedades, hace ahora cuatro meses, que esta vuelta de tuerca a su proyecto tenía que ver con un mercado que no aceptaría hoy día un macroproyecto de 800 viviendas. Por ello, se propuso reducir la edificabilidad a la mitad, eliminando uno de los campos de golf previstos y hasta 400 viviendas. De esta manera, además, los promotores opinaban que se acabará con los problemas hídricos que siempre acompañaron a este controvertido proyecto.
Entretanto, mientras se producían todos estos movimientos, Ayuntamiento y empresa seguían pendientes de la resolución del Tribunal Supremo al recurso de casación interpuesto por ambas partes tras tumbar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el plan parcial por el que la Junta de Andalucía dio luz verde a esta urbanización en 1995. Curiosamente el Gobierno regional no recurrió dicha sentencia del Alto Tribunal andaluz pese a anularse uno de sus actos, imponiendo de este modo su criterio Izquierda Unida en el gobierno de coalición. El Ayuntamiento contestó muy duramente esta decisión política. Esta situación provocó que la empresa decidiera suspender los pagos que venía haciendo a favor del Ayuntamiento por la compra de los aprovechamientos urbanísticos del proyecto, pese al convenio que ambas partes suscribieron en 2005. Aunque el Ayuntamiento denunció el incumplimiento del acuerdo y los tribunales le dieron la razón exigiendo la continuación de los pagos, los promotores recurrieron y no volvieron a pagar. Ahora falta saber cómo decide proceder el Banco Popular.
