Ante la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, que indica que “no se aplicará el IBI urbano a terrenos no urbanizados, aunque tengan la categoría de urbanizables”, el Grupo Municipal Socialista ha mostrado su preocupación por sus consecuencias en Chiclana. En este sentido, el portavoz socialista José María Román ha indicado que “entienden los abogados que lo normal es que los ayuntamientos retiren de oficio los recibos que están lanzados según el criterio anterior, que no es conforme a la sentencia, y que debe ser de aplicación inmediata”. “En cuanto a los pagos anteriores, será más complicado, puesto que quien pretenda recuperar estos dineros deberá presentar una demanda judicial”, ha añadido.
“Una vez conocida esta sentencia, se va a producir un impacto económico muy importante para los ayuntamientos. No se trata de no hablar de este asunto, como hace el Gobierno municipal, sino de actuar y dar cumplimiento a la sentencia y, al mismo tiempo, se tiene que garantizar los ingresos tributarios del Ayuntamiento”, ha explicado José María Román, quien ha añadido que “esta sentencia, por otro lado, tendrá un componente positivo en cuanto a las declaraciones de la renta, ya que las fincas que antes tenían una importantísima valoración catastral, por las que se pagaba un IBI altísimo, ahora tendrán un menor valor. Y también beneficiará en cuanto a las becas, los impuestos de sociedades o plusvalías”.
De esta forma, una vez se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Supremo, el portavoz del Grupo Socialista ha recalcado que “se debería saber cuáles serán las consecuencias para el Ayuntamiento de Chiclana, por lo que pedimos las explicaciones oportunas del Gobierno”. En este sentido, los socialistas pedirán formalmente la celebración de la comisión informativa de Hacienda, en la que los partidos políticos con representación municipal sean informados por el Gobierno y los técnicos sobre este asunto. “Tendríamos que saber a cuántas fincas podría afectar esta sentencia, que se tiene que acatar en beneficio de los particulares, y cuánto supone esto económicamente”, ha reclamado José María Román.
“El Ayuntamiento tiene que tener garantizada sus vías de financiación como ente público y como ente de prestación de servicios públicos, es decir, se debe acatar la sentencia del Tribunal Supremo, pero el Ayuntamiento tiene que buscar la alternativa para que pueda disponer de los recursos suficientes para poder ofrecer los servicios públicos”, ha explicado Román, quien ha añadido que “lo que no puede ser es que nos encontremos con una situación de menos servicios públicos por tener menos ingresos”. “Hay que hacer un planteamiento serio en este asunto, porque hay que seguir apostando por los servicios a la ciudadanía”, ha insistido.
Finalmente, en caso de que la comisión informativa de Hacienda no fuese convocada por el alcalde Ernesto Marín, el Grupo Municipal Socialista llevará a Pleno una propuesta, a través de la cual, y conforme al Reglamento Orgánico Municipal, solicitarán la comparecencia sobre este asunto del propio alcalde o de la delegada municipal de Hacienda. “No se trata de que tengamos que llevar este asunto al Pleno, puesto que es más sencillo que se convoque la comisión informativa, para que se informe de cuál será la estrategia del Gobierno municipal al respecto, ya que las consecuencias económicas pueden ser importantes para el Ayuntamiento”, ha comentado José María Román.
