El diputado socialista por Granada José Martínez Olmos ha denunciado este lunes la "incapacidad" y la "indolencia" del Gobierno central para frenar el drama de los desahucios y ha tachado de "fracaso" la normativa hipotecaria aprobada por el Ejecutivo de Rajoy para ofrecer solución a las decenas de miles de personas que ya han sido desalojadas o que están a punto de perder su vivienda por falta de recursos económicos.
De hecho, sólo en la provincia de Granada existen 4.270 ejecuciones hipotecarias pendientes desde finales de 2013, muchas de las cuales serán resueltas en el año corriente y se sumarán a las que se inicien a lo largo de este año, según ha advertido el también portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso.
El representante socialista ha recordado a través de un comunicado que la provincia experimentó un incremento del 22 por ciento en lanzamientos hipotecarios el año pasado al alcanzar un total de 1.844 ejecuciones, frente a los cerca de 1.500 casos resueltos de 2012.
Unas cifras que el diputado socialista por Granada ha considerado inadmisibles y que retratan "una auténtica tragedia" que ni la reforma de la ley hipotecaria --tramitada en solitario por el Gobierno de Rajoy y declarada ilegal por la UE-- ni el fin de la recesión económica han servido para atajar.
Martínez Olmos ha incidido en que 38.961 familias españolas perdieron su vivienda habitual por no pagar la hipoteca durante el año 2013, según los datos publicados por el Banco de España.
La cifra de viviendas que ha pasado a manos de la banca por los mismos motivos se eleva a cerca de 50.000 si se considera las segundas residencias, según ha detallado el diputado, quien ha asegurado que estos datos suponen un incremento del 11 por ciento del conjunto de las entregas frente a 2012 pese a la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria que, en teoría, estaba destinada a frenar las ejecuciones al aplazar los lanzamientos en el caso de las familias más vulnerables.
La nueva normativa, según ha indicado Martínez Olmos, "tampoco ayudó a fomentar los acuerdos entre hipotecados y entidades", y que concluyen en lo que el Banco de España denomina entrega voluntaria.
El representante socialista se ha referido además a la "nula incidencia" de la dación en pago, una de las opciones reclamadas en su momento desde el grupo parlamentario socialista y desde colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros movimientos sociales.
Esta medida ha tenido unos efectos "muy limitados" al ser excluida de la ley por el PP y al quedar como una mera recomendación tras los cambios normativos del Ejecutivo, ha señalado Martínez Olmos, quien ha detallado que la posibilidad de saldar la deuda con la entrega de la vivienda sólo se alcanzó en una de cada tres ejecuciones, esto es, en un 33 por ciento de los casos, un porcentaje menor que el alcanzado en 2012, cuando se aplicó en un 38 por ciento de las ejecuciones.
Ante ello, el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso no ve ningún motivo para el optimismo que manifiestan algunos representantes provinciales del PP como su propio presidente en Granada, Sebastián Pérez.
"Son unas cifras alarmantes sin parangón en toda la UE", ha alertado Martínez Olmos, quien ha criticado el "nulo efecto" de la nueva normativa promovida por el PP y el "fiasco" que ha supuesto el fondo social de viviendas ya que, a pesar de un parque de 6.000 casas vacías, apenas se ha concedido alojamiento a unas 800 familias.
NUEVO "VARAPALO" DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO
Martínez Olmos ha recordado además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una nueva sentencia, conocida a mediados del pasado mes de julio, que pone por segunda vez "en evidencia" al Gobierno español al establecer que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas y sitúa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad. La sentencia obliga al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La resolución judicial reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica y establece que la normativa del PP vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 93/13 en materia de Consumidores.
Ante ello, Martínez Olmos ha urgido al Gobierno a que decrete la paralización inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que se produzca la correspondiente reforma de la normativa española. "Planteamos que se paralicen los procedimientos de ejecución hipotecaria y no solamente los desahucios, como alguna fuerza política propone, cuando afectan, por supuesto, a la primera vivienda", ha matizado el representante socialista.
También ha exigido la eliminación de todas las prácticas y cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios, punto en el que la sentencia es contundente, y se acabe con los desequilibrios entre el deudor y el acreedor.
El grupo parlamentario socialista considera además fundamental que se aborde un procedimiento de segunda oportunidad ante la insolvencia, un procedimiento mediante el que las familias que se declaren en esta situación puedan acudir a una mediación pública que les permita acceder a la reestructuración, a una quita o a otras vías para abordar los problemas de su crédito hipotecario.
