Agentes de la Policía Nacional, en el marco de una actuación conjunta con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno, han destapado en Málaga un entramado empresarial creado para defraudar a la Seguridad Social. En la operación han sido detenidas 39 personas.
Entre los arrestados se encuentra un empresario, considerado por los investigadores como el cerebro del entramado, como presunto autor de los delitos de falsedad documental y fraude, según han informado en un comunicado desde el Cuerpo Nacional de Policía.
Realizaban contratos laborales ficticios y daban altas irregulares en la Seguridad Social con una doble finalidad: obtener prestaciones económicas indebidas --por desempleo, diversos subsidios, rentas activas, maternidades o jubilaciones futuras-- y conseguir las regularizaciones administrativas de extranjeros que se encontraban de forma irregular en España.
Las investigaciones realizadas han determinado que el empresario arrestado había creado un entramado mercantil con apariencia real, formado por 11 sociedades, alguna de ellas con actividad real. La mayoría se dedicaba a servicios de limpieza, higiene y esterilización.
Se publicitaba en Internet como primera franquicia social creada en España, financiada con fondos públicos, pionera en un nuevo concepto de negocio y en fomentar el autoempleo. Además, había llegado a conseguir acuerdos de colaboración con entidades de reconocido prestigio a nivel nacional.
CONTRATOS FICTICIOS POR 600 EUROS
Aunque algunas de las empresas de la trama empresarial tenían actividad real, se valían de dicha infraestructura para realizar contratos ficticios a cambio de cantidades que rondaban los 600 euros. Este entramado también estaba ligado a una asesoría jurídica encabezada por el empresario detenido y que mediaba en la obtención de autorizaciones de residencia para extranjeros.
Las falsas mercantiles habían contraído una deuda con la Seguridad Social de 260.234 euros. Además, 31 personas habrían cobrado de forma fraudulenta el subsidio por desempleo, superando los 80.000 euros.
Durante la operación se han practicado dos registros --en el domicilio del empresario y en la asesoría jurídica, sede central de las empresas--, en los que se ha intervenido distinto material relacionado con las investigaciones.
