La juez de Instrucción número 10 de Sevilla ha librado oficio a la Policía para que identifique a las mujeres que portaban en andas "una vagina de plástico de un par de metros de altura a modo de Virgen" en la manifestación del 1 de mayo de 2014 convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), hechos por los que hay imputados dos dirigentes del sindicato por un delito contra los sentimientos religiosos.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la instructora ha tomado esta decisión después de que el secretario general de la CGT en Sevilla, Miguel Sevillano, señalara en su declaración como imputado de la pasada semana que, en el marco de la manifestación celebrada el 1 de mayo por el Día del Trabajo, otros grupos se unieron a la misma, entre ellos uno feminista, con el que la CGT "no tiene nada que ver".
Al hilo de ello, Miguel Sevillano puso de manifiesto que, cuando este grupo feminista se unió a la manifestación, considera que "lo que llevaban no simulaba un paso de Semana Santa ni ningún símbolo religioso", no obstante lo cual quiso dejar claro que él "no tuvo nada que ver en su creación".
De este modo, la juez ha pedido a la Policía que identifique a las mujeres que portaban dicha vagina de plástico en base al vídeo que consta a tal efecto, en el cual algunas de estas mujeres portan mantilla y llevan el rostro descubierto, mientras otras sí tienen la cara cubierta por capirotes de nazareno.
En esta causa permanecen imputados tanto el secretario general de la CGT en Sevilla como el secretario de Organización de la CGT en Andalucía, Félix Cervera, contra quienes la Asociación de Abogados Cristianos se querelló por un delito contra los sentimientos religiosos en concurso con un delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a la religión o creencias.
En la querella, consultada por Europa Press, dicha asociación relata que los hechos ocurrieron el día 10 de abril de 2014, cuando miembros del sindicato "convocaron, organizaron y realizaron" una manifestación titulada 'Procesión del santísimo coño insumiso' y del 'santo entierro de los derechos socio-laborales', que partió de la sede de la CGT en Sevilla.
Ya el 1 de mayo de 2014, se convocó nuevamente por la CGT una manifestación "semejante a la anterior", indica la asociación, que añade que, en dichas manifestaciones, "se recreaban procesiones de Semana Santa, escenificadas en tono de burla", todo ello "a ritmo de tamborada y presidida por el 'paso' de una vagina de plástico de un par de metros de altura a modo de Virgen, portada en andas".
NIEGA "INSULTOS, DESPRECIOS O HUMILLACIONES"
Miguel Sevillano dijo, respecto a la manifestación del 10 de abril, que su fin "era la defensa de los derechos laborales y denuncia de un despido por discriminación por cuestión de género", precisando que la manifestación concluyó en Plaza de Armas, "que es donde trabajaba la compañera despedida", cuyo despido "fue declarado nulo" posteriormente.
De este modo, aseveró que "no se realizó ninguna frase ni actuación que conllevara insultos, desprecios o humillaciones".
En relación a la manifestación del 1 de mayo, explicó que la misma estaba autorizada y se realizó por ser el Día del Trabajo, añadiendo que, en determinados momentos de su desarrollo, otros grupos se unieron a la misma, entre ellos uno feminista, con el que la CGT "no tiene nada que ver".
El imputado, asimismo, aseveró que su sindicato "no realizó ninguna actividad que aludiera a símbolos religiosos" y tampoco "se produjo ningún insulto ni menosprecio hacia la Iglesia católica", pues la CGT estuvo centrada "en la cuestión laboral".
PEDIRÁN EL ARCHIVO
Luis de los Santos, abogado de los imputados perteneciente a la cooperativa Jarsia, ya expresó a Europa Press su "asombro" por "la utilización banal y basada en intereses políticos predemocráticos del derecho penal" por parte de la Asociación de Abogados Cristianos, y anunció que solicitará el archivo de las actuaciones, ya que, en base a las declaraciones, considera probado "que no hay delito alguno, al ser una manifestación alejada de cualquier cariz religioso".
El letrado lamentó que "se intente engañar" a la opinión pública y a la ciudadanía en una ciudad "en la que la religiosidad popular está tan arraigada", aseverando que este asunto "no tiene nada que ver con la religión", de manera que "se intenta a través del Código penal criminalizar la libertad sindical y la de expresión".
