Málaga ahorraría quince millones de euros al año si Limasa fuera pública. Actualmente, sus servicios como empresa de capital mixto –público y privado- suponen un coste de unos 90 millones de euros anuales. El 14% del presupuesto municipal.
Es la conclusión extraída de un estudio económico elaborado por el comité de empresa de Limasa. Los 15 millones saldrían del ahorro del Impuesto sobre el Valor Añadido. Y de la eliminación del 2% de beneficio que actualmente se llevan las empresas privadas que acaparan el 51% del accionariado: FCC, Sando y Urbaser. Además, de poner fin al 2,5% de facturación que reciben los privados en concepto de asesoramiento técnico.
El contrato de Limasa expira en abril de 2017 y, a día de hoy, el gobierno municipal del PP se ha mostrado abierto a optar por cualquier modelo de gestión, ya sea totalmente público, privado o público-privado, como en la actualidad.
Tres grupos políticos municipales coinciden con los trabajadores en que sea una empresa netamente pública. Belmonte se ha quejado de la actitud de Ciudadanos, cuyos representantes no han contestado ni a su petición de reunión.
Partido Socialista, Málaga Ahora y Málaga para la Gente han suscrito la petición del comité de empresa de Limasa. Sus portavoces creen que es la mejor opción y sospechan de su privatización, ante la nula información que les suministra sobre este asunto el equipo de gobierno del PP.
El informe del comité de empresa también denuncia “irregularidades” e “incumplimientos” en la empresa. Es el caso del pliego de condiciones, que recogía un gasto de 22 millones de euros en la modernización de la maquinaria. Un concepto en el que hasta ahora sólo se han invertido 5 millones, se ha quejado Belmonte.
