“Estamos muy asustados”. Los vecinos de las Viviendas de las Protegidas dieron ayer la voz de alarma ante el agravamiento de un conflicto enquistado desde hace más de una década: sus casas se caen a pedazos pero no pueden tocar ni un ladrillo por la catalogación de las viviendas en el Catálogo de Patrimonio Andaluz. Derrumbes, desprendimientos, hundimientos de tejados, humedades y grietas por doquier son el escenario que describieron estos inquilinos, en especial los del Grupo 1060 José Antonio, donde 25 familias han recibido una orden de desalojo por el riesgo de derrumbes. Tras desestimar el Tribunal Supremo su solicitud de descatalogación, los vecinos anuncian ahora la vía contencioso-administrativa para reclamar a la Junta que cumpla sus compromisos de rehabilitación del barrio.
“No nos van a escuchar hasta que no haya víctimas”, advirtió ayer Juan José de la Torre, presidente del Grupo 1060 José Antonio, después de lamentar la situación “deplorable” de sus viviendas. “Somos víctimas de los políticos”, remarcó, antes de enumerar la cronología de un conflicto que empezó a torcerse, dicen ellos, cuando el 14 de junio de 2006 la Consejería de Cultura de la Junta protegió a sus viviendas y echó por tierra el proyecto que le habían presentado promotores privados para tirar las casas y hacer una manzana nueva, pagándoles incluso la mudanza y el alquiler durante 2 años.”Nos quedamos presos de pies y manos”, lamentó De la Torre.
La esperanza la recobraron en febrero de 2009 cuando el entonces consejero de Vivienda, Juan Espadas, firmó la Orden para rehabilitar sus viviendas, con una dotación de seis millones de euros para cada uno de los cuatro bloques de las Protegidas. Ese compromiso se ha ido dilatando en el tiempo, y este verano los vecinos han visto cómo las viviendas del Grupo José Antonio 1060 recibían el dictamen desfavorable en la Inspección Técnica de Edificios (ITE), unida la orden de desalojo para 25 familias y el vallado perimetral del bloque José Antonio, medidas éstas últimas aún pendientes de ejecutar por el Ayuntamiento.
Los vecinos criticaron a la Junta de Andalucía (“ella nos metió en este embrollo y ella nos tiene que sacar de él”, dijeron), especialmente por la reciente Orden de subvenciones en la que se aprobó una ayuda de algo más de 800.000 euros para la rehabilitación del Grupo José Antonio, ayuda que los vecinos rechazaron en el proceso de alegaciones. “Ese dinero apenas es el 14% de lo que nos prometieron en 2009, y encima nos obligan a completar nosotros la inversión hasta los 6 millones del total del proyecto”, indicó el administrador del Grupo, José Luis Villagrán. Ese ha sido el motivo por el que los vecinos han iniciado la vía contencioso-administrativa para reclamar a la Junta el total del dinero comprometido. Mientras tanto, para seguir presionando, han convocado una concentración para mañana jueves en la plaza de las Pastiras, que repetirán el próximo día 28, en este caso con tintes solidarios porque los vecinos podrán hacer donativos al Banco de Alimentos.
