Según apunta en nota de prensa la PAH (Plataforma Antidesahucio), “el pasado jueves 22 de septiembre la asesora jurídica y la trabajadora social de la Oficina de Intermediación sobre Desahucios acompañaban a un matrimonio de pensionistas a su sucursal del Banco Santander en la Calle Larga. Como es habitual, las personas afectadas acuden a la Oficina demandando información y asesoramiento que no suelen encontrar por parte de su entidad bancaria. En este caso, este matrimonio venía ansioso y realmente preocupado porque no pueden pagar la hipoteca y por saber qué pueden hacer con su vivienda. En un primer momento fueron solos a su entidad, el Banco Santander, a solicitar información y una alternativa para la situación que están pasando. En el banco los atiende la subdirectora de dicha sucursal y, según se quejaba el matrimonio, no les informa de nada y los deriva a la Oficina para que sean informados”.
“El matrimonio llega a la oficina con una inmensa incertidumbre y bastante asustado. No se les había informado de algo fundamental para encontrar una solución: el Código de Buenas Prácticas Bancarias regulado por el Real Decreto 6/2012 que obliga a las entidades bancarias a informar y acogerse a unas determinadas medidas cuando sus clientes se encuentran en el umbral de exclusión (medidas como reestructuración de la deuda o la dación en pago con alquiler social). De este modo, las trabajadoras de la Oficina les informa de todas estas cuestiones y de su derecho a solicitar acogerse a estas medidas por encontrarse en una precaria situación económica”.
“Ante esta información el matrimonio nos solicita que los acompañemos en persona a la sucursal para solicitar acogerse a estas medidas y asesorarles por si existen cosas que no entienden. Como de costumbre, se les acompaña a la sucursal. Una función que, cabe recordar, se hace de forma cotidiana en los objetivos de intermediación y asesoramiento que tiene la Oficina y la PAH. En la sucursal referida del Banco Santander somos atendidos por la subdirectora. Para nuestra sorpresa, la atención de entrada fue de absoluta hostilidad y molestia por nuestra presencia junto al matrimonio. Se le explica que están allí para que se le informe a sus clientes de las alternativas a las que tienen derecho por cumplir los requisitos recogidos en la ley. La respuesta de la subdirectora de la sucursal fue eludir su responsabilidad y afirmar que ella no tiene obligación de informar sobre esas cuestiones. Tras rebatirle que, según el Real Decreto 6/2012, las entidades bancarias sí que tienen obligación de informar expresamente a sus clientes sobre estas cuestiones, echa a las trabajadoras de la OID de la sucursal provocando un incidente desagradable para el matrimonio afectado que lo estaban pasando realmente mal. En ese incidente se les faltó el respeto a las trabajadoras de la OID y al matrimonio por negarse a atenderlos por estar presentes la asesora jurídica y la trabajadora social. No hubo bastante con provocar un incidente agresivo y despótico que también difamó contra la PAH y las profesionales allí presentes”.
“Ante esta situación inadmisible al día siguiente solicitamos hablar con el Director de la sucursal para explicarle el incidente y recordarle que la función que tiene la PAH, a través de la Oficina de Intermediación sobre Desahucios, es velar por los derechos de las personas que se ven afectadas por impagos de hipotecas e intermediar con asesoramiento social y jurídico para encontrar una solución. El Director de la sucursal nos entiende confirmando que tratará el asunto con la responsable del incidente. Al mismo tiempo, desde la PAH le solicitamos una reunión formal el 23 de septiembre para que se pueda dialogar sobre las problemáticas que tratamos con su entidad y seguir teniendo un canal de negociación abierto. A día de hoy no hemos recibido ninguna disculpa ni reconocimiento del daño producido, tanto a las profesionales de la Oficina como al propio matrimonio afectado. Tampoco hemos recibido respuesta para concertar una reunión”.
Desde la PAH “queremos recordar a entidades como el Banco Santander que tengan esta actitud que su monopolio se está acabando, y que las familias afectadas por abusos bancarios y estafas hipotecarias han empezando a tomar conciencia de los derechos que tienen que defender. Desde la PAH estaremos informando hasta la última coma de los entresijos de cada hipoteca o acuerdo abusivo que vulnere los derechos de las familias afectadas. También denunciamos públicamente el incumplimiento de la ley que están cometiendo algunas entidades al no informar del Código de Buenas Prácticas Bancarias y las medidas a las que las familias en exclusión social se pueden acoger”.
