Los abogados de las defensas que este viernes han expuesto sus conclusiones sobre el juicio al empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, y sus cuatro hijos acusados de supuesto impago de unos 53 millones de euros en impuestos, para quienes piden la absolución, han alegado que los procesados "carecían de conocimiento e información" para llevar los asuntos tributarios en sus empresas.
Durante la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, los letrados han defendido que debido a la condición que describen, la familia contrató a "personal cualificado" para dichos temas y que "se reforzó con auditores y asesores", que "no recibieron instrucción, ni indicación alguna" por parte de los acusados, según los abogados.
Así, han subrayado que es "trascendente para la absolución" el hecho de que "no hay conocimiento de la aplicación de la ley fiscal", a la vez que han remarcado que la acusación, ejercida por la Fiscalía y Abogacía del Estado, "no aporta datos sobre la intervención efectiva" de los procesados.
También, han negado que hubiera "ocultación" en las operaciones, y han descartado que tenga relación con el caso del futbolista Lionel Messi, porque aquí se habla de "ajustes contables" y "no de desviar a paraísos fiscales", han apostillado.
De igual modo, han remarcado que el consejo de administración "no se reunía", así como tampoco la junta general, y han declarado que "no tiene fundamentación alguna" que el fiscal diga que existía "una estrategia para defraudar a Hacienda", puesto que si hubiera esa finalidad, estarían afectadas todas las empresas del grupo y en todos los ejercicios, y no solo algunas, según han argumentado, para aseverar que "no se ha tenido en cuenta el principio de presunción de inocencia".
Por su parte, la Fiscalía y la abogada del Estado han elevado este jueves a definitivas sus conclusiones y piden 40 años de cárcel a Gómez y 19 años y tres meses de prisión a cada uno de los hijos, todo ello tras presuntamente actuar "al margen de la realidad legal tributaria", según el Ministerio Público.
Entretanto, ha advertido de "expresiones llamativas" como que los procesados hayan dicho que no les interesaban las cuentas o que Rafael Gómez diga que no sabe qué es el IRPF, ante lo cual ha apuntado a "una actitud grave", puesto que los 53 millones de euros supuestamente impagados a Hacienda suponen "la sexta parte del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba de 2016; tres veces más el presupuesto de Montilla, y se pueden construir 120 kilómetros de autovía", entre otros ejemplos que ha citado y por los que considera que "hay un daño a la colectividad".
"LA IGNORANCIA NO EXCUSA"
Además, el fiscal ha declarado que ha sido "una tónica común acogerse a la tesis de la ignorancia y la confianza ciega", pero "la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento", ha apostillado el Ministerio Público, para remarcar que el perito judicial ha apuntado a "una estrategia y un hábito destinado a defraudar a Hacienda", de modo que "no era un caso aislado" en el que "se elude el pago de impuestos".
Tras señalar que hay "ocultación de datos" y "aplicación manifiestamente errónea o desviada de la norma tributaria", en alusión al informe del citado perito, inspector de Hacienda, el fiscal ha negado que haya habido dilaciones indebidas, en todo caso "ha habido dificultades extraordinarias", por "los varios cambios de dirección letrada", a la vez que "no ha habido disposición a la reparación del daño, que hubiera sido atenuante", ha resaltado.
Mientras, la abogada del Estado ha apuntado que los acusados son socios de las mismas entidades y "pueden manejar a su antojo", pese a que "se alega desconocimiento", al tiempo que ha recordado sus palabras sobre que no celebraban consejos de administración, ni juntas generales, cuando "las defensas han aportado actas de las juntas", ha aseverado.
Igualmente, la letrada ha afirmado que "las sociedades se crean de manera ficticia para eludir el pago de tributos", a la vez que ha cuestionado que haya habido "olvidos y errores de millones de euros".
Por parte de las defensas, los abogados han reclamado antes de iniciar las conclusiones que se tengan en cuenta las dilaciones indebidas como atenuante muy cualificada, dado que consideran que han sido "desproporcionadas" y han causado "perjuicio", destacando que en verano de 2009 se interpuso la denuncia y hasta más de un año y medio después no se producen las primeras declaraciones de los procesados.
DENUNCIA EN 2009
En concreto, el empresario está acusado de diez delitos contra la Hacienda Pública, tras el supuesto impago de unos 53 millones de euros en impuestos durante unos cuatro años presuntamente por él y sus cuatro hijos, a quienes acusan de siete delitos fiscales. La actuación se inició por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio de 2009.
Como se recordará, Rafael Gómez manifestó ante el juez que no sabe de temas de contabilidad y que en sus empresas firmaba lo que le ponían por delante los asesores y trabajadores de la oficina, al tiempo que apostilló que no sabe qué es el IRPF.
Tras esgrimir que no tiene "ningún estudio", ha mantenido que "en ningún momento" se reunió el consejo de administración de las sociedades, ni celebró alguna reunión familiar para abordar las cuentas de sus empresas, así como que "en ningún momento" se metió en temas de contabilidad, porque "no entiendo", han sido sus palabras.
De igual modo, ha detallado que llevaba una empresa de joyería y por "las circunstancias" del momento impulsaron empresas constructoras, con las que hicieron "grandes proyectos", porque, ha agregado, "yo veía las cosas claras", al tiempo que los hijos le "ayudaron", según ha relatado Gómez, quien ha apuntado que sus hijos "no saben ni se han ocupado" de los temas de contabilidad.
También, ha explicado que "nunca" han repartido beneficios, sino que se dedicaban a que "la empresa creciese, crease el mayor número de empleos y que fuese bien", ha indicado el empresario, quien ha valorado que han hecho "cosas maravillosas para las personas de este mundo", a través de la construcción.
En relación a los hijos, han declarado que desconocían los temas de contabilidad, porque hacían "lo que los profesionales decían", de modo que confiaban en dichos profesionales que les ponían papeles por delante para firmar, al tiempo que han destacado que el nivel de vida era "normal", con sus casas con hipoteca, entre otros aspectos. La madre fue llamada por el juez, ante la responsabilidad civil que pudiera tener, por "haber disfrutado de beneficios", precisó el magistrado, aunque no declaró al ratificarse en su testimonio de la fase de instrucción.
HECHOS DE 2003 A 2006
Los delitos supuestamente se cometieron entre los años 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Las cantidades presuntamente defraudadas en cada uno de los diez casos por los que se le acusa irían desde 690.000 euros a 25,5 millones.
Como resultado de los impagos, se ordenó el embargo preventivo de propiedades de la familia, entre ellas la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 en Córdoba y que le han supuesto una multa de 20 millones de euros a Gómez, quien fue condenado en el caso 'Malaya' por delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida por multa de 3.600 euros, y una multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago.
