a portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha lamentado este jueves que los trabajadores de la ciudad sean "los damnificados" en la situación de la empresa Deoleo, que presenta un expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla 56 bajas en la fábrica de la barriada periférica de Alcolea, en la capital cordobesa, motivo por el que desde este viernes prevén movilizaciones.
En una rueda de prensa, la concejal ha manifestado que "por desgracia se vuelve a tener otra situación en la ciudad donde una empresa cierra sus puertas y los damnificados vuelven a ser los trabajadores", situación ante la cual el gobierno local muestra su "apoyo" a los empleados y "se aportará lo que se pueda aportar".
En opinión de González, "son situaciones que no deberían darse", a lo que ha agregado que "es una pena que una vez más las pérdidas de una empresa recaigan únicamente sobre las espaldas de los trabajadores", algo que "es costumbre ver y no se puede entender que una empresa porque tenga pérdidas radique en que los trabajadores se van a la calle", ha censurado la edil socialista.
En concreto, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han decidido iniciar un calendario de movilizaciones a partir de este viernes para mostrar su rechazo al expediente de regulación de empleo (ERE), donde además de las bajas mencionadas en la planta cordobesa, se ven afectados 30 puestos de trabajo en Rivas (Madrid) y nueve en Andújar (Jaén).
Igualmente, se plantea el cese de la actividad y externalización de las áreas de Refinería y Vinagres, así como de Salsas del centro cordobés, si bien "es cierto que también se contempla la creación de 32 puestos de trabajo nuevos en el centro de Rivas, a los que podrían optar las personas afectadas por el ERE", según han explicado los sindicatos recientemente.
Cabe señalar que Deoleo ha cerrado con pérdidas de 179 millones de euros en 2016 tras registrar en sus cuentas un deterioro patrimonial de 96,3 millones de euros para acometer la reestructuración en la que está inmersa la firma, así como por el impacto ocasionado por el cambio de normativa fiscal.
Al respecto, la entidad ha cifrado en 53,3 millones de euros el impacto que ha tenido el cambio en la normativa fiscal que se produjo en diciembre de 2016. Este cambio en la tributación del Impuesto de Sociedades ha llevado a la multinacional a incurrir en causa de disolución.
