“Nos hemos quedado más tranquilos. Por lo menos ya sabemos que el lunes no tenemos que dejar las casas”. La familia de Josefa Márquez, la anciana de 84 años que pidió ayuda en un vídeo en las redes sociales en enero para evitar la orden de desalojo de su vivienda y la de su hija para el próximo lunes en San José Obrero, se ha quitado un peso de encima pero tiene claro que la batalla no acaba aquí. El Gobierno municipal, junto con los grupos Ganemos e Izquierda Unida, informó ayer que han logrado intermediar, nuevamente, ante la Junta de Compensación que ha llevado a cabo el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 2Q1 de Arroyo del Membrillar, para obtener un nuevo aplazamiento -en esta ocasión de cuatro meses- de la fecha de lanzamiento de una familia que debe de abandonar la parcela que ocupa en ese sector. Dichos inmuebles -señalan desde el Ayuntamiento- deben de ser demolidos en cumplimiento de una orden judicial, y conforme al resultado del proyecto de reparcelación ejecutado dentro del desarrollo urbanístico del ámbito.
Según apuntaron desde la Administración local, la Junta de Compensación se ha mostrado “receptiva” a autorizar este nuevo aplazamiento por lo que desde el Área de Urbanismo ya se están llevando a cabo los trámites necesarios para tal fin. Por su parte, desde el Gobierno, la alcaldesa ha intensificado en estos días sus gestiones y ha mantenido conversaciones con Adif, empresa propietaria de la parcela que esta familia debe de abandonar, que también se ha mostrado “sensible” con esta situación y ha transmitido al Ayuntamiento que no tiene inconveniente en consentir que se posponga nuevamente el desalojo, que en un principio estaba previsto para el mes de enero, y que se pospuso al 13 de marzo, también a través de la intermediación municipal.
El objetivo de este nuevo aplazamiento es disponer de tiempo suficiente para seguir gestionando ante distintas entidades algún tipo de alternativa habitacional definitiva. Esta familia ya ha puesto en conocimiento de Emuvijesa, su situación para que se estudie su caso. Tal y como señalan desde el Consistorio, la situación de esta familia es consecuencia de la “falta de acuerdo” entre ésta y la Junta de Compensación constituida en su día para el desarrollo de esta unidad de ejecución -y de la que forman parte todos los propietarios de los suelos comprendidas en la misma, incluida la propia familia-, que se inició en el año 2003 y que se llevó a cabo por parte de la iniciativa privada. Tras la ejecución de los correspondientes proyectos de reparcelación y urbanización, y recepcionadas las obras por parte del Ayuntamiento, se dio la circunstancia de que algunos propietarios, entre los que figura la familia en cuestión, no aceptaron el resultado final del proyecto de reparcelación y la distribución de las parcelas resultantes y, por tanto, se negaron a abandonar sus viviendas y a permitir su demolición, llevando a cabo una serie de acciones legales, que concluyeron con la firmeza del proyecto de reparcelación ejecutado.
Les ofrecen un piso
En consecuencia, y dado que las edificaciones objeto de demolición son incompatibles con el planeamiento resultante, la Junta de Compensación instó a la tramitación del correspondiente expediente de ejecución forzosa del proyecto de reparcelación, lo que implica la demolición de las edificaciones y la puesta a disposición del suelo resultante de sus actuales propietarios.
De momento, aunque viven en dos casas aledañas, la octogenaria, y el matrimonio y sus dos hijos, tienen sobre la mesa una propuesta para elegir un inmueble entre tres pisos, dos en la zona sur y uno en Madre de Dios, del que tendrán que pagar la diferencia del importe que reciban por sus terrenos, que no les termina de convencer. De momento tienen cuatro meses más.
