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Lunes 25/11/2024
 

Cádiz

El informe técnico aboga por un plazo de prueba para municipalizar

Las modificaciones de los costes salariales y laborales pueden desvirtuar las previsiones de la memoria justificativa. Cádiz lleva a Pleno el viernes el proceso

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  • Limpieza de la playa. -

Cada vez está más cerca el Pleno que aborde la municipalización de los servicios de limpieza de arena de la playa, limpieza de módulos y salvamento y socorrismo. No obstante, visto los últimos acontecimientos, donde el PSOE abandonaba el consejo de administración de Cádiz 2000, donde se abordaba dicho procedimiento, cada vez se ven más nubes que claros.

Este martes se celebra la comisión informativa del Pleno extraordinario en la que se presentarán a la oposición los informes de las alegaciones, realizados por Secretaría, Intervención, Tesorería y Medio Ambiente.

El próximo viernes, 12 de mayo se celebrarán las Juntas Generales de Aguas de Cádiz y Cádiz 2000 y posteriormente el Pleno extraordinario para debatir las alegaciones y la aprobación definitiva de la Memoria.

Cabe recordar que en el Consejo de Administración de Cádiz 2000, la votación salió adelante con el voto de calidad del presidente de Cádiz 2000, el concejal de Medio Ambiente Álvaro de la Fuente, al producirse un empate entre los tres consejeros del Equipo de Gobierno y los tres del Partido Popular.

Documentos
Entre los documentos que se ha trasladado a la oposición se encuentra el informe jurídico técnico para analizar la viabilidad, realizado por la empresa Urbakas Sur, donde se indica que “para poder cumplir con los cálculos y previsiones de la memoria justificativa se basan en unos costes invariables y cualquier modificación de los mismos, a nivel salarial y laboral, desvirtuaría los datos y las ventajas de la municipalización”. Insiste en que se sopese la posibilidad de que la encomienda tenga un plazo acotado en el tiempo, de “al menos tres años para poder analizar el mantenimiento de los costes” y tener una visión de futuro.

Mientras tanto, habrá que llevar a cabo las negociaciones de los convenios colectivos, tal y como ya adelantara en su día el grupo municipal de Ciudadanos, que está en contra de este procedimiento y no se muestra satisfecho con la respuesta dada a sus alegaciones. En concreto, el portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao,  “no dan respuesta a dos de ella y las que dan es revisión de la documentación que ya existía anteriormente. No se contemplan todas las hipótesis, por lo que hay un nivel de incertidumbre sobre lo que vaya a pasar el día después de la remunicipalización, de ahí que no podamos dar nuestro consentimiento”.

Hay dos cuestiones que son fundamentales. La primera es relativa al convenio colectivo de los trabajadores de la limpieza de la arena, que está vencido, “y van a querer unas condiciones laborales parecidas a los trabajadores de Aguas de Cádiz”. En segundo lugar, “la indemnización de los trabajadores que se queden fuera por el proceso de selección”. Ese cálculo tampoco se ha estimado.

Por su parte, el PSOE aseguraba que “fuimos los precursores de la propuesta de municipalización de los servicios de playa llevándola a Pleno, pero no estamos dispuestos a que se haga de cualquier manera, porque están en juego las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos y la seguridad y estabilidad en los puestos de trabajo”. 

El PP insiste en que la municipalización “es un empeño de Podemos porque han visto que en estos dos años han sido incapaces de cumplir una sola de las promesas con las que quisieron engañar a los trabajadores de las contratas: limpieza y recogida de basuras, a los de la compañía de autobuses, a las limpiadoras, a todos… Y ahora no tienen otra que seguir con ese engaño”.

Su portavoz, Ignacio Romaní, recalca “cómo le ocultan de manera reiterada y consciente a los trabajadores de Playas que van a tener que pasar un proceso de selección sin ninguna ventaja”. Es más, los interinos municipales tendrán ventaja sobre ellos si finalmente se hace mediante concurso oposición. Es “una chapuza de proceso administrativo que, esperemos, no termine con la comisión de algún tipo de responsabilidad legal”, porque “estamos advirtiendo de buena fe desde hace mucho tiempo lo que, a nuestro juicio, puede ser un acto administrativo irregular”.

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