La Fiscalía ha elevado a definitivas su petición de 14 años y ocho de meses de prisión para el etarra 'Txapote' por atentar contra la sede del gobierno de Guipúzcoa, situada en San Sebastián, en el año 1995 , junto con Valentín Lasarte y Juan Ramón Carasatorre, alias 'Zapata', los otros dos miembros del Comando Donosti ya condenados por los mismos hechos.
Durante la segunda sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional, el Ministerio Fiscal no ha modificado sus conclusiones provisionales para el exjefe militar de ETA que atacó con un lanzagranadas y desde un monte la sede del Gobierno provocando la rotura de cristales del edificio y desperfectos en un comercio colindante.
La fiscal ha precisado que "la realidad del ataque sufrido al gobierno civil ha quedado acreditada" por la declaración ante el tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de los agentes que intervinieron en la escritura del atestado y de la del dueño del vehículo que se empleó para el ataque. Además ha recordado que el encausado no tuvo en cuenta que "había gente en el interior" que podría haber resultado herida.
Su defensa ha pedido su absolución y que se tipifiquen los hechos como constitutivos de delito de daños, penado con multa. Sobre el delito de estragos terroristas --que le atribuye el Ministerio Público-- argumenta que estaría prescrito por haber transcurrido más de diez años desde que se produjo el atentado.
Por este último delito la fiscal pide para el etarra diez años y un día de cárcel, por el robo del vehículo de Rentería solicita seis meses, mientras que por la sustitución de las placas de la matrícula, se reclaman cuatro años, dos meses y un día de prisión. También pide una multa de 12.020 euros e indemnizar al Estado por la cuantía de los daños causados en la sede del Gobierno Civil y en el establecimiento.
NO DECLARÓ EN EL JUICIO
El histórico de la banda terrorista, que se negó a declarar ayer en la primera sesión de la vista oral, acumula centenares de años en condenas de prisión por sus crímenes, entre ellos el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, y los asesinatos de los concejales 'populares' Gregorio Ordóñez y José Ignacio Iruretagoyena y el socialista Fernando Múgica.
El pasado mes de marzo le fue concedido por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional el primer permiso penitenciario "extraordinario" para que atendiera durante unas horas a su padre, debido a la "dificultad de movilidad" por su avanzada edad.
