El colectivo de enfermeros que presta sus servicios en la cárcel de Sevilla-I se encuentra actualmente en su práctica totalidad de baja por procesos de incapacidad temporal "debido a la situación de acoso y estrés al que vienen siendo sometidos desde hace más de un año
por la actual dirección" del centro, de forma que actualmente únicamente queda en "activo" una enfermera para atender a los más de 1.200 internos que hay en esta prisión.
En este sentido, fuentes de este colectivo han informado a Europa Press de que, ya el pasado verano, los referidos servicios médicos estuvieron atendidos sólo por tres enfermeros de un total de plantilla de diez.
"Ante la arbitrariedad, la indefensión y el acoso al que vienen siendo sometidos por la actual dirección del centro, cuyo cese se rumorea va a producirse en esta semana", dicho colectivo presentó
las correspondientes demandas judiciales "por acoso e infracción" de la Ley de Prevención de Riesgos laborales contra el director de la cárcel, Jesús Miguel Garrido, y contra el subdirector médico, Fernando de la Fuente Martín.
Dichas demandas se encuentran pendientes de la celebración del
oportuno juicio ante el Juzgado de lo Social número 2, según informa el despacho Gómez-Cunningham Abogados, a quien tienen encomendada su defensa.
Igualmente, dicho colectivo se ha dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz, con el que celebraron una reunión para informarle de la situación y del "grave peligro" que las instrucciones y los métodos "impuestos" por la dirección podían suponer para la salud de los internos, "muchos de los cuales se encuentran sometidos a estrictos tratamientos cuyo seguimiento es tarea de dichos enfermeros".
Igualmente, dirigieron la oportuna queja a la Defensora del Pueblo Español.
Actualmente, sólo queda activa una trabajadora --contratada temporalmente--, de un total de once enfermeros, dándose además la circunstancia de que la misma finaliza su contrato en este mes
de junio, "lo que la obliga a prestar servicios en jornada continuada durante varios días, sin posibilidad de relevo, por lo que el centro quedará sin atención de enfermería".
A ello se añade que la plantilla estable del centro "no se encuentra cubierta en su totalidad" y que Instituciones Penitenciarias "no contrata interinos para cubrir las vacantes, que por el ambiente creado por la dirección se han visto asimismo incrementadas al solicitar la mayoría de los funcionarios de este servicio el traslado a otros centros".
En este punto, el colectivo critica que, "al parecer, dicha actitud de la dirección se vio incrementada" a raíz de la denuncia que los enfermeros realizaron a la Agencia Española de Protección de Datos "por los incumplimientos que de dicha Ley se cometían en el programa Sanit, que es el encargado de registrar toda la información médica de los internos".
Fruto de dicha denuncia, la citada Agencia "calificó dicha
conducta como infracción grave" y ha obligado a Instituciones Penitenciarias "a subsanar los importantes huecos de seguridad del citado programa".
