Podemos Algeciras ha presentado una demanda contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ante el juzgado de la Contencioso-Administrativo por “inactividad administrativa” y por “vulnerar el derecho fundamental de los ciudadanos a participar de los asuntos públicos”, como consecuencia de la falta de respuesta continuada a las peticiones de información y documentación pública realizadas por el grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede (ASSP), auspiciado por Podemos.
La formación morada se ha visto obligada a acudir a los tribunales después de continuadas peticiones de información que han sido ignoradas por el alcalde, incumpliendo con ello su obligación como representante de los intereses públicos de los ciudadanos. Los concejales del grupo municipal, Alejandro Gallardo y Leonor Rodríguez, ya manifestaron en rueda de prensa el pasado días 21 de septiembre que se verían obligados a acudir a la justicia si Landaluce persistía en los días subsiguientes en la negativa de proporcionar información a los ciudadanos de Algeciras.
Podemos se encuentra actualmente a la espera de recibir información pública acerca de cinco temas y lamenta que “no sólo se trata de la inacción administrativa y la tardanza en proporcionar la información, sino que cuando se da se hace de forma inexacta e insuficiente, obstaculizando la labor de oposición”.
Así, la formación solicitó el 18 de abril dos informes de no afección del cauce del arroyo Cachón por los movimientos de tierra realizados en la zona por Grupo Sam, a lo que el alcalde, José Ignacio Landaluce, contestó el 16 de septiembre, es decir cinco meses después, con un escrito escueto en el que decía que “no se está desviando el cauce ni construyendo una carretera, sino que se están ejecutando obras de mejora en el arroyo Cachón”, sin aportar en ningún momento los informes de no afección solicitados.
Del mismo modo, se ha solicitado información sobre el cumplimiento del pliego de condiciones del servicio de Playas los días 12 y 26 de julio y 16 de agosto, sin obtener respuesta alguna. También se ha pedido el listado de las facturas pagadas y pendientes de pago a los proveedores de servicios del Ayuntamiento, sin que haya habido respuesta a las solicitudes presentadas los días 14 de julio y 16 de agosto. Una prestación de información esta última que ha sido exigida por el Defensor del Pueblo el 24 de agosto y ante la que el alcalde, José Ignacio Landaluce, sigue haciendo oídos sordos.
Podemos considera en su denuncia judicial que el alcalde Landaluce “está vulnerando el artículo 23 de la Constitución, que establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. La formación ahonda en que la obsesión del equipo de Gobierno del PP por impedir el acceso de los grupos de la oposición a la información pública es una “vulneración de un derecho fundamental”, y que así ha quedado recogido en una sentencia del 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El portavoz municipal de ASSP, Alejandro Gallardo, lamenta que “la actitud antidemocrática del alcalde Landaluce nos obligue a judicializar la política. No querríamos haberlo hecho, pero el oscurantismo del PP no nos deja salida posible a otros trámites”. El edil ahonda en que “no podemos seguir tolerando este comportamiento de Landaluce. Nos debemos a los ciudadanos, que nos votaron y que quieren saber lo que pasa en el Ayuntamiento, por lo que no podemos quedarnos cruzados de brazos viendo como el PP se niega a que la ciudadanía esté informada de lo que pasa en su municipio”.
