El Ayuntamiento de Jerez va a terminar el año con su plantilla en el ojo del huracán tras una semana de altibajos a nivel de personal. Si en el ecuador de la semana trascendía la resolución del juzgado de lo Contencioso Administrativo de declarar “nulo de pleno derecho” el acuerdo convenio del personal municipal aprobado por el Gobierno de García-Pelayo en octubre de 2013 con el respaldo de los sindicatos mayoritarios en la junta de personal (SIP) y el comité de empresa (CGT), el último día laborable del año también iba a deparar nuevos ‘hitos’. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó la convocatoria de 18 plazas de funcionario, tres de ellas de promoción interna y las primeras oposiciones libres en el Ayuntamiento 30 años después. Se trata de dos asuntos que afectan muy de cerca a la plantilla y que van a traer cola.
En el caso de la resolución judicial, el juzgado considera que el acuerdo-convenio no cumple con la legalidad, al ser un único texto que unifica los derechos laborales de los funcionarios y de los laborales, negociado con los sindicatos en la Mesa General de Negociación Conjunta (con el apoyo de CGT y SIP); cuando la ley exige que las condiciones laborales del personal funcionario y las del personal contratado laboral tengan regulación diferenciada y, por tanto, se negocien con los sindicatos en mesas separadas.
De momento, desde la Agrupación de Técnicos Municipales (ATMJ) -que fueron los que impugnaron este acuerdo en enero de 2014- se han apresurado a mandar un mensaje de “tranquilidad” a la plantilla, anunciándoles se va a proceder a recurrir la sentencia ante el TSJA y a estudiar los efectos de la anulación “siempre intentando consensuarlo con todos los sindicatos”. Por su parte, el Gobierno local ya ha avanzado su intención de interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de modo que el documento seguirá estando en vigor hasta que se produzca una nueva resolución judicial. De manera paralela, el Ejecutivo ha solicitado un informe jurídico que determine qué consecuencias podrá tener para la plantilla la anulación del acuerdo convenio. El propio Gobierno admite que pueden ser “muchas” y “en su mayoría perjudiciales” para los intereses de los trabajadores.
No hay que perder de vista que la anulación del convenio implica la pérdida de la cláusula que introdujo el PP para complementar los salarios más bajos.Tras confirmar el recurso, la propia alcaldesa, Mamen Sánchez, junto con la delegada municipal de Recursos Humanos, Laura Álvarez, no ha dudado en calificar de “desastre” la gestión de personal del anterior Gobierno del PP. Por su parte, el concejal del PP y exdelegado de Personal, Javier Durá, defiende que el convenio colectivo contaba “con todos los informes favorables” del equipo jurídico. “Respetamos legislación judicial, pero no estamos de acuerdo con ella. Es recurrible, y el Ayuntamiento lo recurrirá”.
Respecto a las manifestaciones de Sánchez y Álvarez cuestionando la gestión de Personal, Durá les recuerda que el convenio colectivo que ahora la justicia ha tumbado “expiró en 2015”. “Lo que hay que hacer es hacer un nuevo convenio, lo normal es que ya hubieran negociado el nuevo y no que lo prorroguen, que pidan también informes a intervención, secretaria..”, agrega, tras pedirles que “no asusten a la plantilla ni busquen excusas”. El SIP estudia denunciar Además, Durá recuerda que no fue hasta la pasada legislatura cuando se realizó el convenio que “acababa con una situación que había en el Ayuntamiento”, Administración local en la que, en su opinión, “nunca hubo convenio, nunca sabían ni que derechos ni que deberes si me apuran; se funcionaba según los caprichos del político de turno”, añade.
Volviendo al tema de las oposiciones, desde el Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP), han confirmado que ya han puesto en manos de su servicio jurídico la decisión “unilateral” y de forma “dictatorial y “sin ningún tipo de negociación”, del equipo local de Gobierno de aprobar en Junta de Gobierno local esta Oferta de Empleo Público, “por si procede interponer una demanda, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo”.
Desde el sindicato lamentan que tan solo se ofertarán cinco plazas de Policías Locales, existiendo un déficit de más de 60 agentes tras más de 10 años sin oposiciones, y no reponiéndose ni siquiera las bajas del año 2017. Unas circunstancias que, a su juicio, evidencian que “la seguridad de esta ciudad no es prioritaria para el Gobierno local del PSOE”.
