Rafael Sánchez Rufo, Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, ha hecho un llamamiento hoy a las administraciones competentes y a la justicia para que procedan a “investigar hasta las últimas consecuencias y con la mayor celeridad posible, así como a tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos y los derechos laborales de todas las trabajadoras” del sector agrícola onubense. Ante las informaciones que se han difundido recientemente en las que se denuncian abusos sexuales y violaciones de temporeras que trabajan en las campañas de recolección agrícola, Sánchez Rufo ha recordado que Izquierda Unida ha presentado iniciativas tanto el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Andaluz para que el Gobierno central y la Junta de Andalucía “intervengan e informen sobre lo que está ocurriendo en el campo onubense”.
Sánchez Rufo ha declarado que “para defender la excelencia de la producción del sector agrícola onubense, hay que garantizar que esta excelencia sirva también para garantizar y defender los derechos laborales y los derechos humanos y la dignidad de las trabajadoras que tienen que ser defendidos de cualquier tipo de agresión, especialmente las que se están denunciando”.
Sánchez Rufo ha destacado que “el sector agrícola de Huelva está compuesto por miles de hombres y mujeres, donde la mayoría de los empresarios trabajan a diario con honestidad y honradez, por lo que exigimos a las administraciones y a la justicia que eviten mirar a otro lado e intervengan para comprobar que hay de cierto en estas denuncias”. El Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva asegura que “la mejor defensa de la imagen del sector agrícola que se puede hacer, ante estos hechos, consiste en que las administraciones intervengan, la justicia investigue y que todos los agentes implicados, desde empresarios, sindicatos y organizaciones de apoyo a la población inmigrante puedan tomar conjuntamente todas las medidas necesarias y contundentes para evitar que estos gravísimos hechos se puedan producir”. Sánchez Rufo añade que “no hacer nada ante hechos como los que están denunciando, provocan que la sospecha se extienda de manera injusta a todo el sector agrícola de la provincia de Huelva”.
Por ello, Sánchez Rufo considera que todas las instituciones y todos los agentes sociales implicados en la realidad del sector agrario “tienen que disponer de los mecanismos necesarios para salvaguardar y defender los derechos humanos y laborales de las trabajadoras temporeras”. En este sentido Sánchez Rufo insiste en que “es imprescindible que se investiguen estas denuncias para comprobar la veracidad que pueda haber en las mismas y que se castigue con dureza a los culpables si llegan a demostrarse”.
