La Audiencia Nacional estudia el martes en una vista las alegaciones planteadas por las defensas de dos acusados en el juicio contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y la excúpula de Interior catalana por no frenar el asedio frente a la Consejería de Economía el 21 de septiembre y por el 1-O.
La sección primera de lo Penal, que juzgará estos hechos, analizará estas cuestiones en una vista del artículo de previo pronunciamiento, que ha sido solicitada por el exsecretario general de Interior César Puig y a la que se ha adherido el exdirector de los Mossos Pere Soler, mientras que Trapero ha declinado dar ese paso.
En sus peticiones a la Sala, el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, invoca fundamentalmente la falta de competencia de la Audiencia Nacional para conocer de estos hechos, que la Fiscalía ha calificado de delito de sedición.
Recuerda Cuevillas, abogado también del expresidente Carles Puigdemont, que la juez que instruyó el caso, Carmen Lamela, solo se pronunció sobre su competencia para investigar un delito de rebelión en la admisión de la querella de Fiscalía, pero no posteriormente, al instruir la causa solo por sedición.
Además, argumenta "importantes precedentes de la propia Audiencia Nacional que resultaban absolutamente contrarios al reconocimiento de la competencia de este tribunal para el enjuiciamiento del delito de rebelión" y el "prácticamente unánime consenso existente entre la comunidad científica" sobre esa falta de competencia.
La falta de competencia fue la misma cuestión que plantearon las defensas de los acusados en el juicio del "procés" que se celebrará próximamente en el Supremo, aunque en ese caso alegaban que el caso no tiene carácter internacional y por tanto la competencia sería del TSJ de Cataluña, lo que rechazó el alto tribunal.
Después de esta vista, que será pública, el tribunal tendrá que resolver estas cuestiones y luego los abogados de los acusados presentarán sus escritos de defensa en los que propondrán pruebas, tras lo que se fijará la fecha del juicio, en el que Trapero se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel por rebelión.
La misma pena pide la Fiscalía para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para Puig, segundo del exconseller de Interior Joaquim Forn -que será juzgado en el Supremo-, mientras que a la intendente de los Mossos Teresa Laplana la acusa solo de sedición y le reclama 4 años de prisión.
La Fiscalía considera que Trapero, Soler y Puig incurrieron en el delito de rebelión -la jueza de instrucción solo les atribuía sedición- en su apartado referido a declarar la independencia de una parte del territorio nacional y también por "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno".
Lo hicieron, no en calidad de jefes (lo que habría supuesto una pena de 15 a 25 años de cárcel) sino ejerciendo como "mandos subalternos", lo que comporta penas de entre 10 y 15 años. Los fiscales les piden por ello 11 años de prisión y los mismos años de inhabilitación absoluta.
