Colectivos ecologistas han reclamado este sábado que las 9.000 hectáreas de la antigua laguna de la comarca gaditana de La Janda, un humedal sólo comparable a Doñana y que fue desecado y dado en concesión a colonias agrícolas, vuelvan a manos públicas, tal y como estableció hace 52 años el Tribunal Supremo.
Coincidiendo con la celebración hoy del Día Mundial de los Humedales, diversas organizaciones, encabezadas por Ecologistas en Acción, han reivindicado el carácter de dominio público de este espacio que hace unos 70 años fue la laguna más extensa de España.
Fue también uno de los humedales de mayor importancia ecológica de Europa, un auténtico paraíso para los millones de aves migradoras que pasan cada año por el Estrecho de Gibraltar.
El humedal de La Janda, que incluye las lagunas asociadas de Espartinas, Rehuelga, Jandilla y Tapatanilla, se perdió en los años 50 una de las operaciones que se hicieron al amparo de la Ley de Desecación y Saneamiento de Lagunas, Marismas y Terrenos Pantanosos, aprobada en 1918 y conocida como "Ley Cambó", en alusión al apellido del entonces ministro de Fomento Francisco Cambó.
La ley pretendía estimular la desaparición de humedales, terrenos entonces considerados insalubres, y su reconversión en tierras para la agricultura y establecía que quien realizase una obra para desecar un espacio automáticamente se convertía en su dueño por 99 años.
En el contexto del hambre y la miseria de la posguerra civil española, el proyecto de desecación de La Laguna de La Janda se llevó a cabo costeado por el Estado a través de un sistema de canales que conducían el agua hacia las marismas de Barbate, un sistema de drenaje que hoy día continúa funcionando.
El sistema sigue siendo utilizado para regar los diferentes cultivos que se llevan a cabo en la zona, especialmente arroz, ya que dada la naturaleza del terreno es proclive a inundaciones.
Un reciente estudio jurídico llevado a cabo por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, Pedro Brufao, ha desvelado que en 1964 un decreto ordenó el rescate de la concesión de los terrenos, según explica Ecologistas en Acción Cádiz
También que una sentencia firme de Tribunal Supremo (TS) de 23 de noviembre de 1967 reconoció este rescate concesional, el deslinde practicado para revertir los terrenos al dominio público hidráulico y en definitiva el carácter de propiedad pública de la Laguna de La Janda.
"La gran sorpresa es que no tenemos que esperar a que se cumplan 99 años para que concluya la concesión", ha indicado a Efe Lola Yllescas, de Ecologistas en Acción Cádiz.
Durante todos estos años, según Yllescas, las distintas administraciones públicas competentes -el Gobierno de España y la Junta de Andalucía- han actuado como si este decreto y esa sentencia no existieran y permitido que estos terrenos siguieran en manos de "importantes familias de terratenientes" de la provincia.
Tras el hallazgo del decreto y de la sentencia, diversas ONGs -entre ellas la Asociación Amigos de la Laguna de La Janda, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Agaden, Fundación Savia, Ríos con Vida y Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua-, se han dirigido a las administraciones para que procedieran a la recuperación de los terrenos.
Tras recibir la petición, la Dirección General de Patrimonio del Estado ha abierto un expediente de diligencias previas para dirimir, primero, de que departamento de la administración sería competencia el asunto, para que sea después éste el encargado de entrar en el fondo del mismo, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Hacienda.
Ecologistas en Acción ha celebrado este paso dentro de su reivindicación de este "bien público" que tiene un valor medioambiental "altísimo" por su situación estratégica, entre el Parque Natural de Los Alcornocales y el Estrecho de Gibraltar.
"Podía tener el valor que tiene Doñana. Doñana tiene todo tipo de protecciones y La Janda ninguna", se lamenta.
Conil
Reivindican el carácter público del Humedal de La Janda
Un humedal sólo comparable a Doñana y que fue dado en concesión a colonias agrícolas, vuelvan a manos públicas, tal y como estableció hace 52 años el TS.
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