El tiempo en: Córdoba
Sábado 30/11/2024
 

Córdoba

El exgerente del Consorcio de Bomberos irá a juicio con jurado

Por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos durante la etapa que va de los años 2001 a 2012

Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai Publicidad AiPublicidad Ai
  • Juzgados de Córdoba. -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha remitido a la Audiencia Provincial el caso del exgerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Antonio Navarrete y un extrabajador del consorcio para que sean juzgados por un jurado popular por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos durante la etapa que va de los años 2001 a 2012, según han confirmado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En este sentido, según ha adelantado el diario 'ABC', se trataría del primer tribunal del jurado que se enfrenta a enjuiciar una causa como ésta por apropiación de fondos públicos de cantidades que podrían superar los 800.000 euros por parte de un cargo político.

Cabe recordar que en febrero de 2016 este mismo juzgado impuso una fianza de 830.000 euros al exgerente al que la propia institución provincial acusaba de la presunta comisión de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, por supuestamente repercutir directamente en su cuenta particular "un volumen inmenso de transferencias" dirigidas al citado Consorcio de Bomberos, que sumaron 626.540,68 euros.

La mencionada fianza no tenía como objetivo que el exgerente pudiera eludir su ingreso en prisión preventiva, sino garantizar que el imputado haría frente a "la responsabilidad civil" que pudiera tener que afrontar.

En el correspondiente auto judicial, el magistrado indicaba entonces que, de no abonar Navarrete la cuantía fijada, se procedería "al embargo de sus bienes", detallando que la fianza podría ser "personal, pignotaria o hipotecaria".

En concreto, los hechos que sustentan esta decisión tuvieron su origen en las denuncias de la Diputación bajo el gobierno del PP contra Navarrete, que el 1 de febrero de 2013 se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citado por el mismo juzgado.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN