El viceconsejero de Justicia, Alejandro Cardenete, ha avalado el campus tecnológico de Abengoa en Palmas Altas para Ciudad de la Justicia, en línea con lo que ya publicamos en diciembre de 2016, con el siguiente titular: “Palmas Altas, para la Ciudad de la Justicia de Sevilla”.
En aquella información decíamos, entre otras cosas, lo siguiente: “El complejo, construido sobre una superficie superior a los 40.000 m2, consta de siete edificios de entre tres y cinco plantas que ocupan unos 47.000 m2. Dos, con unos 16.000 m2, están ocupados por la Universidad privada Loyola Andalucía (...).
Abengoa ocupaba los cinco restantes, a los que había que sumar un área de servicios compartidos compuesta por comedores con capacidad para 700 personas simultáneamente, guardería, centro médico y otros. A ello hay que sumar 1.300 plazas de aparcamiento bajo rasante, sin contar las existentes al aire libre. La multinacional sevillana invirtió unos 132 millones de euros en su construcción.
Actualmente, Abengoa sólo ocupa dos edificios y parte de otro de sus cinco iniciales y si, como se teme, continúa la reducción de plantilla (inciso: ha continuado, por última vez el pasado 13 de febrero, cuando se anunció otro ERTE, para la filial Abenewco1, que afectará a 47 empleados) le sobraría todavía alguno o algunos más. La Universidad Loyola Andalucía, que tiene contrato de permanencia hasta el año 2019 en dos de los siete inmuebles, proyecta trasladar a partir de ese año sus instalaciones al término de Dos Hermanas.
Complejo vacío
Ante la perspectiva de que en un plazo máximo de tres años el campus se quede prácticamente vacío (nuevo inciso: extremo confirmado por Cardenete, ya que Abengoa o lo que queda de ella se irá de allí el próximo verano y la Loyola, para el inicio del nuevo curso) de no aparecer un comprador o inquilino de la envergadura que tenía la antigua Abengoa, algo muy improbable en el panorama económico de Sevilla, la nueva dirección de la compañía ha pensado en la Administración Pública y baraja como opción ofrecer el campus a la Junta de Andalucía para sede de la futura Ciudad de la Justicia (...)
La banca sería la primera interesada en que se diera una salida satisfactoria al campus de Palmas Altas, en grave riesgo de quedarse vacío tras una inversión de 132 millones de euros. Las entidades acreedoras ya estuvieron a punto de quedarse con las llaves hace cinco meses, pero en el último minuto decidieron paralizar la ejecución hipotecaria que iba a iniciar un Juzgado Mercantil de Sevilla.
El complejo de siete edificios está aún gravado por una hipoteca de 78,6 millones de euros otorgada en su día por un ‘pool’ bancario, a cuyo frente figuran La Caixa y el banco francés Natixis, que concedieron 15 millones de euros cada uno”.
El preacuerdo
El pasado 19 de febrero, mi querida compañera Mercedes Benítez desveló en ABC cómo el Gobierno de Susana Díaz había negociado en este tiempo con la banca acreedora la compra del campus de Palmas Altas al precio, en función de los tipos de interés, de entre 63 y 66 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar 15 millones en obras de adaptación para los nuevos usos judiciales, con lo que podría resultar un coste total de entre 78 y 81 millones.
La operación tiene visos de magnífica si no la frustran los intereses creados, ya que el complejo costó en su día 132 millones y fue diseñado por Richard Rogers, premio Pritzker (equivalente al Nobel de arquitectura) con criterios de sostenibilidad que suponen un importante ahorro operativo.
No sólo se compraría por un máximo de 66 millones un campus que costó el doble, sino que sumando los ahorros en los alquileres de las sedes judiciales actualmente dispersas (Viapol, Noga y la Buhaira), en vigilancia y en gastos generales (6,08 millones de euros anualmente en total), en un decenio la operación se amortizaría prácticamente. ¿Cuánto costaría hoy construir de nueva planta un complejo equivalente? ¿Doscientos millones? Al coste habría que sumar los gastos por el tiempo de espera. Por ejemplo, la Ciudad de la Justicia de Málaga tardó en construirse cinco años. A 6 millones anuales de gasto en alquileres y otros, el coste de perder esta oportunidad se incrementaría en 30 millones. La idea inicial de la Junta consistía en trasladar en una primera fase todos los juzgados a Palmas Altas (un total de 112), salvo los instalados en el Prado.
Rechazo
Como era de esperar y cual si gozara de un autoconcedido derecho de veto sobre el mismísimo Gobierno andaluz, el “lobby” judicial se ha opuesto a semejante posibilidad, con argumentos tales como que prefiere un lugar más céntrico y que no esté “donde Cristo perdió el mechero” (sic); que no se garantiza el acceso y la movilidad de los ciudadanos y profesionales a Palmas Altas y que si sólo se trasladan los órganos judiciales unipersonales pero no todos, aumentaría en kilómetros la dispersión del conjunto.
Empecemos por el final. El viceconsejero Cardenete ha dicho: “hay un informe y un estudio para ver si cabrían todos los juzgados, y caben todos, pues hay incluso posibilidad de crecimiento con edificios no ocupados en una primera fase, y posibilidad de expansión en las instalaciones”.
A lo que cabría añadir otras, tal como reflejamos en aquella información de hace tres años: en algún solar del mismo campus dotado aún de edificabilidad y usado como mero aparcamiento y, conectada por la pasarela sobre la SE-30, la cercana parcela (12.437 m2) de Los Bermejales a la que finalmente renunció la Universidad para la Politécnica y donde podrían ubicarse los juzgados del Prado, con cuya venta financiar esta posible segunda parte de la operación.
Centro y periferia
Despreciar Palmas Altas diciendo que está “donde Cristo perdió el mechero” es la demostración de la visión reduccionista y centralista que de Sevilla tiene el “lobby” judicial, para el que la urbe se reduce al Centro y los 60.000 vecinos que lo habitan, sin tener en cuenta los 600.000 sevillanos restantes, en cuyos barrios parece que únicamente se pueden instalar lo que no quieren o no cabe en el Casco Antiguo, como tanatorios, mezquitas, depuradoras malolientes, el depósito de coches de la grúa y otras incomodidades, pero no algo digamos más “noble”. Según la visión centralista del “lobby”, si los 600.000 vecinos de los barrios deben desplazarse al Centro para trabajar o realizar cualquier gestión no hay ningún problema; el problema es si son los miembros de la carrera judicial quienes han de ir a trabajar o a hacer alguna gestión a Palmas Altas.
Si, según la teoría del “lobby”, no está garantizado el acceso allí, ¿cómo entonces ha sido posible, y lo sigue siendo, que durante todos estos años se hayan podido desplazar diariamente a trabajar o estudiar, respectivamente, los miles de empleados que ha tenido Abengoa y los 1.200 estudiantes de la Loyola?
De momento hay tres líneas de autobuses (3, 34 y 37) que pasan por Los Bermejales y sigue pendiente la línea exprés hasta dicho barrio y Bellavista que se acordó en el Ayuntamiento y que Espadas aún no ha implementado. El refuerzo y/o modificación de estas líneas para prolongarlas hasta Palmas Altas o la creación de otras no debería ser mayor problema. Además hay línea ferroviaria de cercanías en el entorno y hasta la del puerto pasa al lado del campus.
Accesibilidad
El “lobby” judicial confunde distancia con accesibilidad: se puede llegar más rápidamente desde el Prado hasta Palmas Altas por la Palmera y la Avenida de Jerez, o la de la Raza (en cuya prolongación se construye un nuevo acceso al centro comercial Lagoh del que se beneficiaría la Ciudad de la Justicia), que a otros sitios menos distantes pero sembrados de semáforos.
El escenario es tan cambiante que ya se puede haber quedado desfasada la prioridad dada por Espadas a la construcción del tramo de la línea 3 de Metro entre Pino Montano y el Prado. Cuando en 2011 se redactó el proyecto para dicha línea, se estimó una demanda potencial de viajeros para todo el trayecto ( y no sólo la mitad) de entre 40.000 y 50.000 diarios.
Todavía entonces no se había inaugurado en Los Bermejales una macrosede de la Junta que moviliza a miles de personas y funcionarios. Tampoco se había empezado a construir el centro comercial Lagoh en Palmas Altas, con una previsión de 14 millones de visitas anuales, a un promedio de 38.356 diarias (piénsese también en el Sevilla Park, a medio camino), ni se había planteado allí, como ahora, la Ciudad de la Justicia. Si a todo ello sumamos el poder de atracción del hospital Virgen del Rocío y del campus universitario de Reina Mercedes, ¿no sería más lógico empezar la construcción de la línea 3 al revés de lo que se había pensado, es decir, desde Los Bermejales hasta el Prado y así ya se dejaría sin excusa alguna al “lobby” judicial?
Llevamos 15 años buscando suelo o haciendo dibujos sobre el papel para una Ciudad de la Justicia meramente virtual. ¿Cuántos más vamos a seguir de esta manera, pintando edificios imaginarios y deshojando la margarita? La gran ventaja de Palmas Altas es que ya está todo construido y se puede empezar a utilizar en un plazo mínimo de tiempo. ¿Va a perder Sevilla esta oportunidad? Corre el riesgo de que le pase como a Yaser Arafat, de quien se decía que nunca perdía la oportunidad de perder una oportunidad.
