El Tribunal Supremo prohíbe el Toro de la Vega definitivamente

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la prohibición de alancear al Toro de la Vega al inadmitir a trámite el recurso planteado por el Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid), contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El TSJCyL dio la razón al Gobierno regional para no autorizar el alanceamiento del animal en el Torneo del Toro de la Vega, decisión que ahora ratifica el Supremo.

La providencia del TS ha hecho firme la resolución judicial que dictó el pasado abril la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal autonómico, con sede en Valladolid, han informado este lunes fuentes del TSJCyL. 

El alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela (PSOE), ha explicado que el Tribunal Supremo, en su decisión, ha estimado que la corporación municipal "carece de legitimidad" para trasladar al Tribunal Constitucional (TC) su queja contra la decisión denegatoria del tribunal autonómico.

El TSJCyL desestimó en abril del año pasado el recurso del Ayuntamiento de Tordesillas contra la convalidación de un decreto-ley aprobado por las Cortes de Castilla y León (junio de 2016), promovido por el Gobierno autonómico y en el que se prohibía expresamente la muerte en público del animal durante el torneo.

El municipio afectado decidió entonces trasladar su queja al Tribunal Constitucional, pero el Supremo ha determinado que no está legitimado para ello a través de una providencia fechada hace un mes, conocida este lunes y contra la que ya no cabe otro recurso.

Significa el final del proceso administrativo y jurídico iniciado en mayo de 2016 con el decreto aprobado por el Gobierno de Castilla y León, convalidado con rango de ley en junio siguiente, recurrido por Tordesillas ante el Constitucional dos meses después, denegada esta posibilidad por el TSJCyL en abril de 2018 y reafirmada en febrero de 2019 por el Supremo al considerar que el municipio no está legitimado para ello.

No obstante, el alcalde de Tordesillas ha anunciado que la corporación municipal, con el consenso de Grupo Popular, ha solicitado un informe a los servicios jurídicos externos "para ver qué posibilidades se abren ahora".

Este informe será puesto a disposición de la corporación resultante de las próximas elecciones autonómicas (26 de mayo) "para que decida qué es lo que se hace, ha añadido González Poncela, quien no optará a la alcaldía.